El territorio reclama el desmantelamiento urgente del almacén de gas Castor

La Plataforma del Sénia también pedirá la reversión de los terrenos afectados por el gaseoducto, cedidos por los agricultores

19 mayo 2017 15:25 | Actualizado a 23 mayo 2017 10:22
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Desde las Terres de l’Ebre se reclama el desmantelamiento inmediato del almacén Castor. La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, opositora al proyecto desde sus inicios, y los ayuntamientos de las poblaciones más próximas (y por ellos más afectadas por los seísmos) celebran que el informe de los expertos del MIT y Harvard confirme «lo que ya todo el mundo sabía», que la inyección de gas en el subsuelo marino fue la causa de los terremotos en el otoño del año 2013.

«En parte estamos satisfechos porque hemos conseguido uno de nuestros objetivos, que no se vuelva a inyectar gas, pero por otro todavía queda camino por recorrer, ya que creemos necesario que desmantelen las instalaciones de forma definitiva», apunta Evelio Monfort, uno de los portavoces de la Plataforma del Sénia, que hace años ya advirtió que el proyecto gasista se estaba llevando a cabo sin haber realizado un estudio sísmico previo de la zona, a pesar de conocerse que existían diversas fallas.

Desde la plataforma admiten que difícilmente se podrá extraer del subsuelo el gas que ya se inyectó i que fue la causa de los terremotos. «Ahora harán nuevos y caros estudios, cuando el resultado resulta evidente», comenta Monfort al Diari.


La llamada del ministro
La Plataforma del Sénia no decae en su actividad y ya trabaja en nuevas metas, como la reversión de los terrenos que los agricultores de la zona cedieron para el paso del gasoducto que conecta la planta marina y la terrestre, ahora en hibernación.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, llamó personalmente ayer a los alcaldes de Vinaròs, Benicarló (Baix Maestrat) y Sant Carles de la Ràpita para informarles del resultado de los estudios y de los próximos pasos del Gobierno en esta problemática.

Pero Nadal se olvidó de Alcanar, población vecina de Vinaròs, donde se encuentra la planta terrestre del proyecto Castor, en la que hay muchos vecinos afectados por el paso del gaseoducto y el Ayuntamiento ha sido muy beligerante estos años contra el proyecto, al lado de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia.

El alcalde de Alcanar, Alfons Montserrat, no se extraña de este olvido, ya que el ministerio nunca ha contestado ninguna de las muchas cartas que les han remitido. Para Montserrat, resulta urgente desmantelar la planta, ya que su mantenimiento no tiene ningún sentido.

«La inversión que requiere mantenerla hibernada es superior a toda la inversión que el Estado destina en un año a las Terres de l’Ebre, es indignante», afirma el alcalde, quién también resalta que todo el proyecto Castor ha sido «un cúmulo de despropósitos», «empezando por unos estudios de demanda de gas desproporcionados y acabando por la falta de un estudio sísmico de la zona».

Por su parte, el alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós, detalla como cordial la conversación con el ministro Álvaro Nadal. «Me ha explicado el resultado del informe, aunque la llamada se ha producido después de la presentación a la prensa», explica el alcalde, quién también reclama el desmantelamiento inmediato de la infraestructura.

Para el delegado del Govern de la Generalitat en las Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès, «el MIT no ha hecho más que confirmar lo que la gente de las Terres de l’Ebre teníamos claro desde el primer momento».

«Una vez se pararon los trabajos de inyección del gas en la plataforma Castor acabaron también los movimientos sísmicos, por lo tanto, era una clara evidencia, con todo, estamos satisfechos que lo hayan corroborado estudios a pesar de haberlo hecho con tres años de atraso», afirma el delegado, quién también se suma a las peticiones de desmantelamiento definitivo del almacén de gas.

«La mala gestión del Estado la hemos tenido que pagar la ciudadanía: primero sufrimos los terremotos, después asumimos la indemnización a Escal UGS y ahora tendremos que asumir los costes del desmantelamiento, es muy preocupante», afirma Pallarès.

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