El juez propone juzgar a 42 acusados por el caso Acuamed

Siete años después de estallar el ‘caso Acuamed’, la investigación a la empresa pública por la adjudicación y ejecución supuestamente irregular de una veintena de obras hidráulicas y medioambientales en la cuenca del Mediterráneo, la instrucción judicial ha llegado a su fin.

El juez de la Audiencia Nacional encargado de estas pesquisas, Manuel García Castellón, propuso este martes juzgar a 42 acusados por delitos de corrupción en los negocios, falsedad documental, fraude a la administración, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.

La resolución del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 examina todas las obras investigadas en este procedimiento en las que estuvo implicada Acuamed, encargada de las competencias que corresponden a la Administración General del Estado en materia de ejecución y explotación de obras hidráulicas.

Entre esas obras se encuentran el sistema de dotación de agua desde el embalse de cerro colorado al valle del Guadalentín (Murcia); el proyecto constructivo de las obras complementarias de la planta desaladora del Campo Dalias, Balsas del Cañuelo y la Redonda en Almería; el expediente de proyecto modificado de las obras de control y laminación de avenidas en la cuenca media del río Serpis (Valencia); el contrato de redacción del proyecto, ejecución de las obras y operación y mantenimiento de la planta desaladora de Torrevieja (Alicante); o las obras de eliminación de la contaminación química en el embalse de Flix.

Contratos irregulares

El juez da por indiciariamente acreditadas, tal y como expuso en su informe la Fiscalía Anticorrupción, las irregularidades cometidas en cada uno de los contratos con el objeto de favorecer a determinadas contratistas.

De acuerdo con el auto, a cambio de las adjudicaciones algunos de los procesados recibían diferentes dádivas. En el caso del principal investigado, el exdirector general de Acuamed Arcadio Mateo, señala que obtuvo de las empresas contratistas dichas dádivas en forma de viajes y estancias dentro y fuera de España e incluso un implante de pelo en Turquía por valor de 4.500 euros.

En algunos de esos contratos, las comunicaciones intervenidas –indica el juez– evidencian que desde la empresa pública se actuaba al margen de los criterios técnicos que debían guiar su actuación en la gestión de los intereses generales.

Para ello, se facilitaba el trabajo al contratista permitiéndole intervenir en la redacción de los informes que Acuamed debía emitir, variando los conceptos y los importes a incluir en la liquidación de las obras y en la reclamación a conveniencia del mismo hasta alcanzar los mínimos que se habrían pactado, con independencia de cuál fuera la realidad de la remodelación.

Denuncias internas

El auto subraya que el entonces director de Ingeniería y Construcción de la sociedad estatal, Francisco Valiente, hasta abril de 2014, y más tarde Gracia Ballesteros, gerente Territorial, presentaron ante diversas instancias del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y de Acuamed escritos comunicando las graves irregularidades detectadas en el ejercicio de sus cometidos en unas concretas actuaciones de la empresa pública.

Sin embargo, «se dejó de atender (la denuncia) del primero y se apartó de su estudio al Abogado del Estado encargado de coordinar las actuaciones de Acuamed, tal y como él mismo declaró en el juzgado, contratándose por la sociedad estatal a unos asesores externos».

Igualmente, Gracia Ballesteros fue removida de su puesto como Francisco Valiente. Del mismo modo, el auto relata que el día 14 de junio de 2012 se firmó el contrato crédito de financiación entre el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente por un importe de hasta 500 millones de euros que solicitó Acuamed para sufragar costes propios de actividad en relación con la construcción de diferentes infraestructuras hidráulicas como presas, desalinizadoras, balsas o canalizaciones.

Préstamo de la UE

Antes de la firma del contrato de préstamo, Arcadio Mateo, que conocía que su tramitación estaba en curso, decidió de forma unilateral invertir el capital público recibido del préstamo de la UE, colocando el mismo en diversas entidades bancarias y contratando a un asesor para que colaborara con él en estas actividades, señala el juez.

«De este modo, excediéndose en las funciones que tenía atribuidas y con el apoyo del acusado Francisco López, habría realizado actividades especulativas con el dinero del préstamo BEI, formando una cartera de inversión a largo plazo de títulos del Estado en entidades como BBVA, Santander, Unicaja y Caja Laboral, una actividad que se aleja del objeto social de Acuamed, haciendo caso omiso a las advertencias que le llegaban de la Dirección General de Patrimonio del Estado», concluye.

Sobre estos hechos la Fiscalía Europea abrió unas diligencias que fueron archivadas por falta de indicios. Asimismo, contra el auto de procesamiento conocido este martes cabe recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.