La derogación del decreto 'antiapagones' deja coja la nueva planificación eléctrica 2030

La nueva planificación eléctrica 2025-2030 avanza con una piedra en el zapato. La derogación, el 24 de julio de 2025, del Real Decreto-Ley 7/2025, de 24 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico (conocido también como decreto ‘antiapagones’), con los votos del PP, Vox, Junts, BNG, UPN y Podemos, ha impedido abordar algunas de las distorsiones más preocupantes hoy en el sistema eléctrico español. Entre ellas, la supresión de unas ayudas fundamentales para la competitividad de los consumidores electrointensivos (como son las empresas presentes en el polo petroquímico de Tarragona) o la barra libre para que los proyectos especulativos acaparen potencia en la red de distribución sin hacer uso de ella (uno de los principales motivos de que esta red esté saturada en un 96% en la demarcación de Tarragona).

Tampoco se da respuesta a la necesidad de agilizar los trámites administrativos, para que infraestructuras de transporte, distribución y almacenamiento puedan seguir el ritmo que marca la demanda de electricidad, ni a la petición de las distribuidoras para ampliar los límites de inversión y retribución en los proyectos de ampliación de la red -así como el modelo de cálculo- para incentivar esas inversiones más allá del mínimo exigido por ley.

Ser competitivos hoy

Fuentes del sector petroquímico de Tarragona lamentan que, por mucho que la planificación eléctrica 2025-2030 contemple infraestructuras como la nueva subestación Químico, pensadas para ellos y sus necesidades futuras en sus planes de descarbonización y circularidad -con la puesta a disposición de unos 1.500 MW de potencia para las empresas del entorno de este hub industrial-, hay urgencias preocupantes en el presente, que comprometen su competitividad.

La cuestión, relatan estas mismas fuentes, no es solo tener los elementos para captar proyectos de inversión futuros (algo importante, estratégico), sino disponer hoy de las herramientas necesarias para seguir compitiendo (algo urgente, inmediato) y no desaparecer en el camino.

En este sentido, se lamenta el efecto que ha tenido sobre la operativa de estas empresas electrointensivas la derogación, el pasado 24 de julio, del decreto ‘antiapagones’ que extendía hasta finales de año el derecho al descuento del 80% del coste correspondiente a los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución en la factura eléctrica de los consumidores electrointensivos.

Una medida que se acompañaba de la caducidad automática de los permisos de acceso de demanda (las ‘reservas’ que han llevado a cabo algunos promotores de proyectos que luego no se han acabado concretando) si en el plazo de cinco años no se hubiese contratado al menos el 50% de la capacidad de acceso concedida. El fin último, evitar la especulación y la reventa de esos permisos sin un proyecto real.

La tramitación acelerada para almacenaje de renovables es otra de las necesidades urgentes (que se evidenció con el gran apagón del 28 de abril) que han quedado sin atender con la derogación de este decreto-ley.

Ahora, el Gobierno prepara un nuevo texto que confía que pueda dar respuesta a estas demandas, asumiendo que empresas y sistema eléctrico aguantarán una situación límite en muchas áreas.