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«Hay voluntad de los grupos políticos de poder llegar a un consenso». Son palabras de la presidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, que se encuentra en plena fase de revisión y elaboración de las recomendaciones sobre el sistema de pensiones. Todos los portavoces mantienen este optimismo, pero reconocen que van con bastante retraso, puesto que se esperaban unas conclusiones para este mes de junio y parece casi imposible que se hagan públicas antes de septiembre.
El PP echa la culpa de este retraso a la situación interna del PSOE, grupo que le pidió un receso, pero ahora ya han retomado el trabajo y esta semana pasada tuvieron la segunda reunión de esta segunda fase. Previamente comparecieron más de 40 expertos: políticos, agentes sociales y catedráticos, entre otros. «Estoy convencida de que ahora vamos a ir a una mayor velocidad», sostiene Villalobos.
Fuentes de financiación
Encima de la mesa tienen en estos momentos la primera recomendación, que trata sobre la separación y clarificación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social y que esperan cerrar en la próxima reunión, que tendrá lugar el día 20. Antes del día 16 todos los grupos habrán tenido que enviar sus propuestas, pero parece que va a haber consenso.
«Ese tema se ha quitado de la circulación porque tanto PSOE como Podemos dijeron que era una línea roja»El controvertido tema que el Gobierno se planteó de sacar la pensión de viudedad y orfandad del sistema contributivo y pagarse a través de los Presupuestos Generales se ha dejado aparcado ante la total reticencia de otros grupos parlamentarios. CC OO y otros colectivos lo defendieron, puesto que supondría un alivio de 24.000 millones en las maltrechas cuentas de la Seguridad Social –que arrastra un déficit superior a 18.000 millones de euros–. «Ese tema se ha quitado de la circulación porque tanto PSOE como Podemos dijeron que era una línea roja», explica la portavoz del PP de esta comisión, Carolina España.
Sin embargo, Ciudadanos coincide con PdeCat en que habría que «dar una vuelta» a este asunto, puesto que defienden que estas prestaciones no son puramente contributivas. «Con esos 24.000 millones te quitas el problema del déficit sin tocar otras cosas», argumenta el portavoz adjunto de C’s, Sergio del Campo, quien también está a favor de «revisar» el régimen de compatibilidad. Una puerta que ya abrió también el secretario de Estado, Tomás Burgos, quien cifró en 1,1 millones de pensionistas los que cobran dos o más prestaciones a la vez.
Esto podría suponer un ahorro de más de 2.500 millones«No hay necesidad de sacar a un colectivo concreto que ya está bastante estigmatizado», considera Aina Vidal, portavoz de Podemos en esta comisión. Mientras que Mercè Perea (PSOE) va más allá y anuncia que su partido propondrá que las pensiones de viudedad suban al menos hasta el 60% de la base reguladora. «Es una iniciativa que quiero que vaya por consenso», apunta.
Donde existe un total acuerdo es en que las reducciones y bonificaciones de las cotizaciones, es decir, lo que son las políticas activas de empleo –tales como la ‘tarifa plana’–, se saquen del sistema y se paguen vía impuestos. Esto podría suponer un ahorro de más de 2.500 millones. En este caso Podemos es aún más crítico y pide la «derogación inmediata de una política que critica hasta la propia patronal».
