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El presidente de la Cambra de Contractistes de Catalunya, Joaquim Llansó, ha presentado esta semana pasada las principales magnitudes del sector de la construcción y de la obra pública en Catalunya, correspondientes al ejercicio 2018. El dato más relevante es que, a pesar de que el sector en conjunto ha crecido un 4,7% respecto al año anterior, todavía presenta valores notablemente inferiores a la media histórica de los últimos 20 años.
Por lo que respecta a la licitación de obra pública, ésta queda muy lejos del 2,2% del PIB catalán que necesita el país, lo que no permite todavía hablar de que estemos en un proceso de recuperación de la actividad, sino que los efectos de la crisis todavía están muy presentes. La licitación de obra pública se mantuvo el año pasado en un volumen parecido al 2017, con un ligero incremento de 16 millones de euros, logrando la cifra de 1.671 millones de euros, frente a loes 1.655 del ejercicio anterior. No obstante, el volumen licitador queda muy lejos de los 3.750 millones de media de los últimos 20 años.
Otro indicador de actividad es el número de viviendas iniciadas, que se incrementó en 2018 en 2.100 (+13%) respecto al año anterior, con un total de 18.778. La obra nueva aumentó en 2.826 viviendas iniciadas (+28%), mientras que la reforma y ampliación se redujo 776 (-11%)
Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el aumento medio de personas ocupadas en el sector de la construcción en Catalunya ha sido del 2%. Eso significa que se han incorporado a la actividad laboral del sector 16.400 personas más, con un total en 2018 de 212.600 personas.
Perspectivas para el 2019
El crecimiento de la economía catalana durante los últimos cinco años (un 2,6% en 2018), dentro de un contexto internacional positivo, proporcionan un entorno propicio para el desarrollo del sector de la construcción.
Desde la Cambra de Contractistes de Catalunya hacen una serie de propuestas para avanzar en la recuperación sectorial. Por ejemplo, establecer una licitación de obra pública regular, estable y sostenida en el tiempo., indexada en relación a un porcentaje del PIB: 2,2%, aproximadamente 5.000 millones de euros al año.
También proponen priorizar las infraestructuras en función de la demanda, mediante un análisis coste-beneficio, que tenga en cuenta su entorno económico, social y ambiental. Planificando las infraestructuras básicas a 10-15 años vista, con criterios técnicos, con independencia de los ciclos electorales. O simplificar y homogeneizar los procedimientos de contratación del sector público entre las administraciones.
