Una oferta de empleo público récord, la más ambiciosa desde hace muchos años, será aprobada este viernes por el Consejo de Ministros tras cerrar el jueves el Gobierno un acuerdo con los sindicatos. Supondrá más de 20.000 plazas, de las que una de cada cinco será de nueva creación y entre 5.000 y 5.500 de promoción interna. Al término de la reunión, la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, llegó a calificar dicho pacto de "histórico", no solo por el volumen sino también porque es la primera vez, "por lo menos de la última década", que se alcanza un consenso parecido.
Concretamente, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas convocará una oferta ordinaria de empleo a cubrir este año para un total de 10.606 plazas, de las cuales cerca de 8.000 irán dirigidas a cubrir las vacantes por jubilación y el resto, unas 2.600, para empleo interino en la administración. Son, eso sí, datos aportados por los sindicatos pues el Ejecutivo no quiso concretar cifras hasta que el ministro Cristóbal Montoro facilite las suyas en rueda de prensa tras el Consejo. Aunque la idea es rebajar la alta tasa de temporalidad que se da en el sector público y reducirla del 25% actual al 8% en el plazo de tres años, la convocatoria es abierta y, por tanto, podrán acceder a ella todos los que cumplan los requisitos.
De ese llamamiento, que publicará el BOE en su momento, 7.000 plazas serán para la Administración General del Estado (AGE), en lo que es su mayor oferta desde 2008 cuando se inició la crisis, y más de 3.300 para el área de Justicia, de las cuales 2.600 serán para consolidar empleo y otras 760 para reposición.
Además de la convocatoria ordinaria, se sumará otra con carácter extraordinario, que incluirá 4.246 plazas de nueva creación; se convocarán la mitad de ellas este mismo ejercicio y el resto para 2018. Se trata, por tanto, de la primera vez que se crea empleo neto en la Administración desde 2010, cuando comenzó el recorte en el sector público.
Cubrir déficit de personal
El objetivo es cubrir los servicios más deficitarios del Estado y, por tanto, 2.150 irán destinadas a reforzar la Agencia Tributaria, aumentando así el número de inspectores de Hacienda para luchar contra el fraude fiscal. Otras 546 plazas serán para la Seguridad Social, entre ellas puestos de inspectores de trabajo que velen por el fraude laboral. Aparte, 400 vacantes irán al Servicio Público de Empleo (SEPE), 150 para personal de las oficinas del DNI y 70 más para la Dirección General de Tráfico, dos cuerpos que están desde hace tiempo colapsados y acumulan listas de espera de meses para poder tener el documento de identidad y sacarse el carnet de conducir.
Esta oferta extraordinaria también se aprobará este viernes en el Consejo de Ministros por Real Decreto y previsiblemente será convalidada el próximo martes en el Congreso de los Diputados, para sacar cuanto antes las plazas.
Desde CSIF se congratularon de que "permitirá, por primera vez en décadas, crear empleo neto e incorporar personal por encima de las jubilaciones previstas para 2017". El representante de UGT, Carlos Alvarez Andújar, mostró su "satisfacción" porque así la tasa de reposición de las vacantes alcanzará el 120%. Su homólogo en CC OO para estos temas, José Manuel Vera, cree que "la convocatoria de aproximadamente 8.000 plazas de ingreso libre es la más ambiciosa de los últimos años", pero recalca que "no podemos estar completamente satisfechos porque aún así supone una pérdida de casi 800 puestos".
La nueva oferta laboral llega más lejos. Hacienda también ultima con los sindicatos una convocatoria de entre 5.000 y 5.500 plazas de promoción interna y exclusiva para el personal de la AGE -el número definitivo se dará a conocer hoy-. "Supone una vuelta a los parámetros anteriores a la crisis", destacó Vera.
Un sector envejecido
Estamos, en cualquier caso, ante las estimaciones sindicales tras reunirse con el Ministerio. En este sentido recalcaron que no tienen todavía un documento oficial cerrado.
CC OO valora esta oferta como "un paso adelante positivo de la Administración", pero coincide con el resto de sindicatos en que hay que seguir trabajando dado que en el sector público se han perdido más de 300.000 empleos desde 2010, aunque se trata de una cifra difícil de cuantificar. A esto se le suma que se trata de un colectivo muy envejecido y, según la Encuesta de Población Activa (EPA), más de 250.000 superan los 60 años, por lo que están a las puertas de la jubilación.
