Los bancos vigilarán más a políticos y consejeros

Los bancos deberán endurecer el control financiero de las personas de responsabilidad pública, es decir, de los políticos o consejeros y directivos de empresas públicas. Esa es una de las principales medidas del anteproyecto de ley de prevención de capitales que el Gobierno elevó ayer a audiencia pública. Una reforma que supone la trasposición de una directiva europea que el departamento que dirige Luis de Guindos se ha visto obligado a poner en marcha después de que Bruselas abriera un expediente a España por no adaptar completamente la norma comunitaria. Fuentes de Economía confían en que la norma se apruebe a lo largo del primer semestre de 2018 y evitar así una posible sanción de la UE.

Precisamente, uno de los puntos que faltaba por incluir tenía que ver con esa mayor vigilancia de estas personas de responsabilidad pública. La normativa no amplía el número de sujetos que tienen tal consideración y que se trata de altos cargos de la administración central, autonómica y de municipios de más de 50.000 habitantes, además de consejeros de compañías públicas. Pero lo que hace es obligar a las entidades financieras a endurecer su vigilancia. Un control que no sólo es para esas personas, sino que también afecta a sus familiares y allegados, algo que ya ocurre con la ley vigente.

Hasta ahora, la norma antiblanqueo española establecía una diferencia entre los sujetos englobados en esta definición en función de si eran nacionales o no. En el caso de las personas extranjeras, las entidades financieras ya estaban obligadas a realizar un «control intensivo» sobre el origen de su patrimonio para descartar un origen ilícito. Sin embargo, para los nacionales dependía del tipo de producto contratado. Si se consideraba que era un instrumento de bajo riesgo, no hacía falta un control exhaustivo. Sin embargo, con el cambio normativo los bancos deberán controlar el origen del patrimonio de estas personas independientemente del producto que soliciten. Es decir, se homologa el tratamiento con las personas de responsabilidad pública extranjeras. Además, la aceptación de estos clientes deberá producirse «por la alta dirección de la empresa», según fuentes de Economía.
En caso de que las entidades detectaran algo sospechoso deberán comunicárselo al  Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente de Economía, que iniciaría una investigación más en profundidad.