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La negociación de la ley de vivienda ha llegado a su punto más crítico y los grandes propietarios parecen haber doblado el brazo a Unidas Podemos, con la colaboración de un PSOE que ha ido modulando su discurso en uno de los asuntos que mayor tensión genera entre los socios de Gobierno.
Un año después de que regular los alquileres entrara a formar parte del programa de Gobierno de coalición, la sucesión de acontecimientos apunta a que Pablo Iglesias saldrá del Ejecutivo sin haber ‘pinchado la burbuja’.
Si hay algo que concite el rechazo unánime en el sector inmobiliario es esa medida y no hay prácticamente economista que no certifique que su aplicación en París y Berlín ha provocado el efecto contrario al pretendido: detraimiento de la oferta y subida de precios, además de un floreciente mercado negro.
En la cúpula de las grandes gestoras inmobiliarias se mostraban convencidos desde un primer momento de que el Gobierno no haría efectiva su amenaza de regular los alquileres, a la vista de los pronunciamientos en contra de la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, el Banco de España y la Comisión Europea.
La irrupción en marzo de la pandemia de Covid-19 dejó el asunto en suspenso y en septiembre Unidas Podemos ya había constatado que los socialistas no tenían intención de cumplir el acuerdo y prepararon una ofensiva que culminó con un nuevo compromiso por escrito del PSOE de incluir la regulación de los alquileres en la futura ley de vivienda, a cambio de que los de Iglesias apoyaran los Presupuestos.
Las grandes patronales inmobiliarias, entretanto, habían reforzado su ‘lobby’ con la elección del exministro socialista y exalcalde de Barcelona Joan Clos como presidente en España de Fiabci (la mayor red internacional del sector) y de Asval (la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler que representa a compañías como Ares, Testa Homes, Albirana Properties, la socimi de alquiler de Blackstone, Tectum, la promotora catalana La llave de oro y Aedas Homes).
Según un reciente informe de Atlas Real Estate Analytics, los bancos y fondos de inversión gestionan unas 110.000 viviendas de alquiler en España, lo que supone algo más del 4% del ‘stock’.
Los socialistas prefieren fijarse en el 95% restante y defienden que en España la propiedad de la vivienda en alquiler corresponde muy mayoritariamente a pequeños propietarios, en su mayoría particulares, para los que el arrendamiento no es una actividad económica principal. Por eso su propuesta se basa en desgravaciones del IRPF y solo menciona a los grandes tenedores para señalar que estos «deberán colaborar y prestar información para asegurar el uso de sus inmuebles».
Podemos replica que «el PSOE defiende los intereses de los rentistas y nosotros los intereses de los inquilinos» y sostiene que con el 5% que aproximadamente representan las casas en manos de bancos y fondos «por supuesto que se puede influir en los precios y marcar tendencia».
