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Tarragona perdió 1.296 millones de euros en depósitos durante el 2017, un año marcado por la tensión política del 1-O y el traslado de la sedes sociales de CaixaBank y Banc Sabadell ante la posibilidad de que el Parlament aprobase una declaración unilateral de independencia (DUI).
Según las patronales bancarias AEB y CECA, Tarragona fue la segunda provincia catalana donde más fuga de depósitos hubo, 329 millones en las antiguas cajas y 967 millones en los bancos. La primera fue Barcelona, con 26.576 millones (13.048 millones en las antiguas cajas y 13.528 millones en los bancos).
En Catalunya la cifra alcanzó los 29.429 millones de euros, el 16,4% de los depósitos. Ello no quiere decir que el dinero se marchara realmente de las entidades, puesto que algunas optaron por ofrecer «cuentas espejo» y asignarlo a oficinas del mismo grupo pero en otras autonomías para dar mayor tranquilidad a sus clientes.
Las más beneficiadas por la fuga de depósitos fueron las oficinas de Madrid y regiones cercanas a Catalunya. En términos absolutos destaca el aumento en Madrid, 13.701 millones de euros en solo un año, un 4,13% más.
Asimismo llaman la atención las subidas de los depósitos en las oficinas bancarias de Baleares, Castellón, Huesca, Navarra, Valencia y Zaragoza. Estas seis provincias, en conjunto, vieron subir los ahorros confiados por los clientes un 6,7% en 2017, lo que se tradujo en 7.645 millones, gracias, en gran medida, a los 2.544 millones que sumó Zaragoza o los 1.748 millones de Baleares.
Vuelta a la «normalidad»
Aunque sólo las propias entidades disponen de esta información, tanto CaixaBank como Sabadell, que trasladaron sus sedes sociales a Valencia y Alicante, respectivamente, aseguraron haber recuperado la calma tras la fallida declaración unilateral de independencia.
El presidente del Sabadell, Josep Oliu, descartó cualquier «boicot» tras el 1-O por parte de una clientela que volvió a la «normalidad» en el cierre del trimestre, que se cerró con un saldo positivo de 1.200 millones. En líneas similares, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, relativizó el impacto de una fuga que cifró en 700 millones y a la que calificó de «absolutamente inmaterial» en comparación con el crecimiento experimentado en el conjunto del año.
