«El cien por cien de los ingresos por venta de publicidad segmentada de Meta se han obtenido de forma ilegítima». Así lo denuncian los más de 83 medios de información españoles que, agrupados en la Asociación de Medios de Información (AMI), han presentado una demanda contra la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp por competencia desleal, por lo que reclaman 550 millones de euros.
Según dio a conocer AMI ayer domingo mediante un comunicado, el incumplimiento de Meta de la normativa europea vigente en protección de datos ha sido «continuado y sistemático» desde el 25 de mayo de 2018 y hasta, al menos, el 31 de julio del presente ejercicio. Concretamente, Meta «ha ignorado el requerimiento normativo de que los ciudadanos deben consentir la utilización de sus datos para el perfilado de publicidad», según se desprende de las diferentes resoluciones de las autoridades europeas competentes en materia de protección de datos.
A juicio de los demandantes, «el comportamiento de Meta determina que el cien por cien de los ingresos del gigante tecnológico derivados de la venta de publicidad segmentada han sido obtenidos de una forma ilegítima». Según la asociación AMI, la utilización sistemática y masiva de datos personales de los usuarios de las plataformas de Meta, rastreados sin su consentimiento en toda su navegación digital, habría permitido a la compañía americana «ofrecer en el mercado la venta de espacios publicitarios a partir de una ventaja competitiva ilegalmente obtenida».
El presidente de AMI, José Joly Martínez de Salazar, destaca en el comunicado la importancia de la demanda, una acción sin precedentes, que pone de manifiesto «cómo el gigante tecnológico ha construido su posición de dominio en el mercado de la publicidad despreciando la normativa concebida para proteger el derecho fundamental a la intimidad de los ciudadanos europeos», lo que ha generado además «un perjuicio evidente para los medios de información españoles, hasta el punto de poner en riesgo su sostenibilidad».
El presidente de AMI –asociación que ha encomendado la demanda contra el gigante Meta al despacho de abogados dirigido por el catedrático de Derecho Procesal Nicolás González-Cuéllar– hizo asimismo hincapié en el hecho de que comportamientos como los llevados a cabo por la compañía tecnológica ponen en jaque la continuidad de los medios de información, que aparte de empresas clave del tejido económico son instrumentos fundamentales para la calidad democrática de un país.
