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El Consejo de Ministros aprobó ayer un paquete de ayudas al sector de la hostelería y el comercio. Destaca la posibilidad de reducir en un 50% su cuota del alquiler en caso de que tengan el establecimiento arrendado a un gran tenedor (más de diez inmuebles urbanos). Para el Gobierno se trata de un «ambicioso» paquete de medidas, con un impacto de 4.220 millones, según la portavoz María Jesús Montero, pero no convence al sector al no introducir ayudas directas. Las ayudas llegan además un mes más tarde de que las anunciara el presidente Pedro Sánchez. Según los hosteleros, «no responden a las necesidades» de las empresas. Hostelería de España califica el plan de «insuficiente». Además, de la exención del pago de la mitad del alquiler quedan excluidos los que ya hubieran acordado una reducción temporal de la renta o una moratoria con sus caseros.
La ministra María Jesús Montero incidió en que los negocios que lo prefieran pueden acogerse a una moratoria en el pago mensual durante el estado de alarma y cuatro meses adicionales, sin penalización ni intereses. Tendrán que abonar la cantidad –completa, en este caso– en los dos años posteriores a la finalización de dicho plazo. El Gobierno calcula que esta medida beneficiará a unas 190.000 empresas, 33.000 relacionadas con el turismo y 157.000 locales comerciales.
Para los pequeños propietarios se ofrecerán incentivos fiscales, como la deducción en el IRPF de la rebaja en el precio de alquiler que se acuerde. Es decir, si el casero perdona el 100% de la cuota de alquiler, podrá deducirse ese importe en su declaración de la renta. Se podrán acoger a esta medida unos 323.000 arrendadores.
Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), aseguran que este nuevo plan de rescate es un «canto de sirenas» y que se «ha perdido una nueva oportunidad para ayudar a los autónomos». «Llega tarde, es escaso y sin ayudas directas», lamentó el presidente de ATA, Lorenzo Amor, para quien las medidas «no tienen nada que ver con las necesidades reales de miles de comerciantes y hosteleros».
El sector pone como ejemplo a otros países de la UE, como Alemania, Reino Unido o Francia, cuyos gobiernos han inyectado fondos directamente a los pequeños empresarios, lo que ha supuesto menos cierres de negocios que en España, donde se prevé que hasta un tercio del total de bares y restaurantes tengan que bajar la persiana definitivamente este año, unos 100.000 locales.
El presidente de la patronal Hostelería de España, José Luis Yzuel, incidió en un comunicado en que el Ejecutivo «no ha cumplido con el plan de rescate que se necesita y que pasa por ayudas directas para sobrevivir». Inicialmente la entidad reclamaba 8.500 millones de euros a fondo perdido. En su opinión, el contenido del decreto ley anunciado ayer después del Consejo de Ministros es «muy escaso», máxime si se tiene en cuenta que el sector prevé terminar 2020 con una caída del 50% de su facturación.
