Pymes sepultadas en normativas

El papeleo sepulta a las pymes. En su último informe de seguimiento de la producción normativa que se lleva a cabo en España (La producción normativa en 2022), la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) destacaba que, para que una persona pudiera estar al día de todas las novedades legislativas publicadas en el BOE (Boletín Oficial del Estado) en el año 2022, necesitaría leer cerca de 698 páginas diarias.

Solo del BOE. A esta capa de normas estatales (con 849 nuevas normas en 2022, sumando leyes orgánicas, leyes, reales decretos, reales decreto-ley, reales decretos legislativos y órdenes) se le añaden el resto de niveles administrativos, con reglamentos, directivas y decisiones de la Unión Europea, leyes, decretos legislativos y decretos leyes de las comunidades autónomas, y normativas varias de administraciones locales.

De media, solo la producción normativa estatal y de las comunidades autónomas alcanzó más de tres novedades legislativas por día natural en el año 2022. En el caso de Catalunya, además, el volumen de páginas destinadas a publicar normativa es especialmente abultado. Con 166.405 páginas publicadas en 2022 en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) y siete años consecutivos como la comunidad autónoma con mayor producción normativa de España, triplica la media anual de páginas publicadas por el conjunto de comunidades autónomas.

Una cantidad de nuevo texto normativo que se repite año tras año y que, lejos de ser visto por las pymes como avances hacia la simplificación legislativa, es percibido como nuevas capas de papeleo que se superponen a las anteriores, haciendo necesario dedicar cada vez más recursos a su gestión.

Lo explica Moisès Bonal, director de Estudis i anàlisi econòmica de Pimec: «Estamos en una situación en la cual cada vez se exigen más trámites y tener más documentación en las empresas, y eso significa, o bien tener personal específico dedicado a ello, o bien externalizarlo».

El impacto de este papeleo desbocado, además, «no es proporcional a la dimensión de la empresa -destaca el portavoz de esta asociación de micro, pequeñas y medianas empresas-, y el coste que le supone a las pequeñas empresas es más elevado».

«La normativa es compleja -prosigue Moisès Bonal-, y no está demasiado clara ni para los administrados ni para los que han de administrar, con diferentes niveles de administración, en los que cada capa hace más complejo el conjunto».

«Estamos en un nivel de exceso de generación de normativa -asegura Moisès Bonal-, y a veces, cuando no se cumple, no es por tener la voluntad de no cumplir, sino por la incapacidad de hacerlo. A menudo sucede que, en lugar de derogar la anterior normativa y hacer una nueva, se van modificando puntos de las anteriores, lo cual acaba complicando las cosas».

La UE quiere menos papeleo

La realidad que describe Moisès Bonal está hoy bastante lejos del camino marcado por la Comisión Europea en su programa Better Regulation, que tiene entre sus objetivos simplificar y mejorar la legislación de la Unión Europea, y que en el caso de las pymes cuenta con el programa REFIT, que busca «hacer que la legislación de la UE sea más sencilla, más específica y más fácil de cumplir», simplificando la legislación y limitando la burocracia.

Todo ello, con la prioridad puesta en unas pymes «que pueden verse especialmente afectadas por las cargas administrativas y la complejidad de las normas», explica la Comisión Europea en su exposición de este programa.

Miquel Àngel Fúster, presidente territorial en Tarragona del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC), destaca el creciente papel de las asesorías para acompañar a las pymes en el cumplimiento y la interpretación de estas normas: «Especialmente en el caso de autónomos y microempresas, están trabajando con asesorías, porque no tienen ni el conocimiento ni la capacidad para cumplir con unas normas que surgen a toda velocidad, a todos los niveles. Es prácticamente imposible estar al día de todo el volumen normativo que te cae encima».

«Es un volumen -prosigue Miquel Àngel Fúster- prácticamente inasumible para la pyme, porque las empresas están para trabajar y generar riqueza, y todo lo que va en contra del tiempo productivo, va en contra del propio negocio».

«Hemos llegado a niveles [de burocracia] que son asfixiantes -señala este economista-, y eso lleva, por ejemplo, a que acabe habiendo menos grandes empresas. Porque cuando se pasa de los 6 millones de euros de facturación anual, crecer se penaliza [por el aumento de cargas administrativas y nuevas obligaciones que se derivan], así que si estás al límite de esa facturación anual, decides que quizás lo más adecuado sea crear una empresa paralela y trabajar con dos empresas».

Enric Ollé, presidente del Col·legi de Gestors de Tarragona, coincide en la opinión de que «hay demasiada normativa y a menudo demasiado mal hecha, porque se legisla muy mal, desde el punto de vista técnico, lo cual obliga a que salgan rectificaciones. Se van haciendo normas sintéticas para tapar agujeros, a mansalva».

Estos ‘parches’ normativos a los que alude Enric Ollé, además, pueden aparecer publicados en el lugar más insospechado: «A lo mejor -explica- sale una normativa de un ministerio y, en las disposiciones transitorias y adicionales, se arreglan cosas de otros ministerios».

«Si hoy -prosigue Enric Ollé- no tuviésemos empresas especializadas en sintetizar las nuevas normas, no las encontraríamos. Y no olvidemos que las leyes son de obligado cumplimiento en 20 días desde su publicación. Es algo que a la gente se le hace cuesta arriba».

La reforma que no cuaja

El instrumento extraordinario Next Generation EU, impulsado por la Comisión Europea para hacer frente a los efectos de la pandemia global de Covid-19 sobre la economía de la Unión Europea, se ha presentado como la gran oportunidad de allanar ese camino empinado que describe Enric Ollé.

A cambio de la cesión de parte de esos fondos para su gestión, los estados miembros que han recibido este encargo deben poner en marcha reformas estructurales de calado. En el caso del Reino de España, una de las principales reformas a las que se comprometió fue la modernización de la Administración Pública, para aumentar su agilidad, eficiencia y calidad de servicio, homologándola a los estándares fijados en la Unión Europea.

En opinión de Enric Ollé, del Col·legi de Gestors de Tarragona, queda todavía un buen trecho por recorrer: «Se habla mucho de reducir el papel, y es cierto que se reduce el papel, pero no el papeleo. Digitalizamos, pero no dejamos de incrementar papeles, ahora digitales, cuando la comunicación entre administraciones debería ser fluida. ¿Tenemos un exceso de burocracia? Sí. ¿Tenemos una Administración desconfiada? También».

Miquel Àngel Fúster, del Col·legi d’Economistes de Catalunya, coincide en que «una cosa es agilizar y otra simplificar. Y si no simplificas, con la digitalización no ganas. Hoy, muchos procedimientos son redundantes. Simplificar significa que, si ya has hecho una declaración, que no te la vuelvan a pedir. Y aquí entran todos los niveles de la Administración».

Teresa Torres, profesora del Departament d’Empreses en la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) y coordinadora en la URV del proyecto europeo DiSuDeSME (Digitalització per al Desenvolupament Sostenible de les Pimes), echa mano de algunos datos a partir de las encuestas que han llevado a cabo con pequeñas y medianas empresas: «La gente se sigue quejando de la burocracia, y esto es un indicador. Vamos muy lentos en digitalización, en ventanilla única...».

«Soy muy crítica con los políticos -añade Teresa Torres-, porque pienso que su preocupación no es terminar con la burocracia, sino el titular del dinero que se invertirá. La digitalización ha hecho que cualquier administración local colapse. La digitalización no simplifica, complica la vida, porque hay que hacer mucho más papeleo».

Pero, más allá de la agilización y simplificación de los trámites, esta profesora de la URV coincide en que, a día de hoy, uno de los principales quebraderos de cabeza para las pymes es la dificultad para bucear entre los millares de páginas que día tras día se publican en boletines oficiales con nuevas normativas.

«Lo que nos dice la pyme -explica Teresa Torres- es que una de las carencias que tienen es la de profesionales con la capacidad de navegar entre todas las diferentes normativas. Se pierde muchísimo dinero [en posibles ayudas y subvenciones] por falta de profesionales con conocimientos, más allá del día a día y de la burocracia».

Hay profesionales que se dedican a estas tareas, y que ofrecen sus servicios para hacer transitable para las pymes este hormiguero normativo. La cuestión clave aquí es, en su opinión, «quién pone en contacto a la persona que hace el vaciado de normativas con la persona que lo necesita. Muchas pymes ni siquiera saben que hay empresas que se dedican a esto. ¿A quién irá a ofrecer sus servicios esta empresa que se dedica al vaciado de normativa? ¿A la pyme o a la gran empresa? Acudirá a la gran empresa. Y, si le falta complementar algo, quizás a la pyme».

Enric Ollé, del Col·legi de Gestors de Tarragona, lo resume así: «Hay una clase alta, que son las grandes empresas, que están en connivencia. Después hay una clase media, que son las pymes, donde hay algunas que están más preparadas que otras. Por último, hay una multitud de pequeñas empresas, que no son otra cosa que trabajadores que se ganan la vida, a quienes el papeleo les tiene desbordados. Esto perjudica la actividad económica tanto como la falta de inversiones productivas. Si te dedicas al papeleo, no te dedicas a producir».