El parque de vivienda en España está muy envejecido. La edad media del parque de vivienda usada es de 43,5 años, de acuerdo con los datos de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), lo que significa que millones de viviendas tienen un gran déficit en accesibilidad, confort y eficiencia energética. De hecho el 90% de las viviendas tienen más de 18 años y esta cifra se incrementa año a año debido al frenazo en la construcción de nuevas viviendas.
Según Andimac, la asociación que representa a la distribución profesional de materiales para la edificación y rehabilitación, el 83% no cumplen con los requisitos mínimos de eficiencia energética que Europa ha impuesto para poder vender o alquilar una vivienda a partir de 2030.
Una directiva europea aprobada durante la presidencia española exige que en ese año las viviendas tengan como mínimo la calificación energética E para poder alquilarse o venderse y tres años más tarde se les exigirá la letra D. Actualmente ocho de cada diez viviendas tienen la calificación F o G, según Andimac.
Eso significa que en los próximos años, centenares de miles de viviendas deberán acometer obras de rehabilitación y reforma que mejoren su eficiencia energética. O no podrán alquilarse ni venderse. Y ya no solo para cumplir con la normativa europea.
La última Encuesta de Condiciones de Vida que publica el INE demuestra que uno de cada cinco hogares no puede mantener una temperatura adecuada. Es la cifra más alta desde el año 2004, año en que empezó a elaborarse la serie.
Pero la rehabilitación no va al ritmo deseado. Los visados concedidos el año pasado -según los datos de los arquitectos técnicos que publica el ministerio- no llegan ni a la mitad del objetivo que se había marcado Vivienda: 22.000 visados en 2023 (estimados, hasta noviembre eran 20.511) frente a un objetivo de 40.000 y un 8,5% menos que en 2022.
En los últimos tres años la realidad se ha quedado lejos de lo prometido a Europa: casi la mitad de lo marcado por Vivienda y menos de un tercio de lo que ambicionaba el Ministerio para la Transición Ecológica.
Según el secretario general de Andimac, Sebastián Molinero, «hay una parálisis absoluta» con decenas de miles de proyectos de rehabilitación ligados a fondos Next Generation que las comunidades autónomas tienen todavía en fase de estudio y no se han desbloqueado.
Estamos hablando de solicitudes que se presentaron en 2022 y que aún no están aprobadas. «Para cumplir los objetivos se van a necesitar las ayudas», señala Molinero, que subraya que el dinero para rehabilitar viviendas es «una inversión porque evita que el patrimonio inmobiliario de los ciudadanos pierda valor».
