Cámaras, comisarías, más luz y policía de proximidad para reforzar la seguridad de Tarragona

Durante el último mandato municipal se han producido varios episodios que han puesto en tela de juicio la sensación de seguridad de la ciudad. Desde 2019, las ocupaciones ilegales en la Part Alta, en Llevant o en el Serrallo en la capital de la segunda provincia con más allanamientos de España, o estadísticas como las que indican que en la demarcación hay una agresión sexual cada dos días a menores –y cada tres en adultos–, han provocado que la gestión de los cuerpos de seguridad haya tomado una especial relevancia de cara a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Para mejorar esta situación, las recetas que proponen las principales formaciones políticas se centran, mayoritariamente, en consolidar la apuesta por la videovigilancia, más comisarías y reforzar la Policia de Proximitat.

Pese a que públicamente el gobierno municipal (ERC-Junts per Tarragona-CUP) asegura que las cifras de delitos han bajado durante el último mandato, lo cierto es que el ejecutivo actual es, de lejos, el que ha apostado más por la videovigilancia. Así, mientras que el alcalde Ballesteros (PSC) hizo realidad en 2017 la entrada en funcionamiento de las cámaras en las calles de la Part Alta, ha sido Pau Ricomà (ERC) quien ha consolidado este sistema. Así, a finales de 2022 se pusieron en marcha los lectores de matrícula en las urbanizaciones de Llevant, en lo que era una reivindicación histórica. Paralelamente, este pasado 4 de mayo se hizo público que el Ayuntamiento de Tarragona ha adjudicado la contratación para el suministro e instalación de 28 cámaras de videovigilancia en la Part Alta por parte de la empresa Alphanet Security Sistems SL. El consistorio espera que el refuerzo de la vigilancia pueda ser una realidad antes de verano. Algunas de las ubicaciones serán la Plaça del Pallol, la Baixada del Roser, el Parc del Miracle, la Rambla Vella, el Passeig de Sant Antoni o las plazas de la Font, Fòrum, de la Pagesia y del Rei, entre otros espacios.

Asimismo, otra de las novedades del presupuesto de este 2023 es que se incluye una partida de 100.000 euros para iniciar la tramitación para que la videovigilancia llegue a los barrios de la zona de Ponent.

Comisaría en Battestini

«Tarragona es una ciudad segura. Si comparamos los datos de las ciudades del mismo tamaño que Tarragona, vemos que los delitos denunciados han subido en todas, pero aquí, en cambio, se han reducido», afirma el alcalde y ahora también alcaldable de ERC, Pau Ricomà, quien destaca que «el trabajo coordinado de los cuerpos policiales, especialmente entre la Guàrdia Urbana y los Mossos d’Esquadra, es clave para conseguir estas cifras».

Asimismo, de cara a la próxima legislatura, el candidato de Esquerra destaca que «la ciudad contará con una nueva comisaría de proximidad en el centro, que se ubicará en el interior de la estación de autobuses de la Plaça Imperial Tarraco», en Battestini, donde trabajarán los Mossos y la Policía Local. «Sin duda, una mayor presencia policial en un espacio tan concurrido y céntrico ayudará a reducir la percepción de inseguridad», recalca un Ricomà que saca pecho tras haber «pacificado» la situación en el Serrallo –con el Rancho Grande– y en la Part Alta, con la calle dels Ferrers.

Por su parte, contrariamente a Ricomà, el líder del PSC –Rubén Viñuales– es «consciente» de que «hay sensación de inseguridad», por lo que tiene claro que si es alcalde apostará por la tecnología para reducirla con el sistema M7Citizen. «Se trata de un sistema que, con una aplicación móvil, permite contactar con la Guàrdia Urbana: se puede enviar una alerta preventiva, en caso de que uno se encuentre en peligro, enviar un mensaje de emergencia de forma directa pulsando un botón o incluso acceder a información sobre temas de seguridad», señala el líder socialista, quien también apuesta por «aumentar la plantilla, recuperar las patrullas a pie o las de movilidad que permiten un rápido desplazamiento en caso de necesidad». «También queremos impulsar una nueva unidad canina ampliada, así como una nueva unidad de intervención rápida para casos de emergencia», señala, a la vez que apuesta por una nueva comisaría en Ponent y otra en verano en La Móra.

Desde Ciutadans, Lorena de la Fuente apuesta por impulsar la videovigilancia porque «tienen un efecto disuasorio e identifican al presunto infractor». Asimismo, la formación naranja tiene claro que debe «ampliarse la plantilla y renovar la flota de vehículos», así como apostar por las patrullas a pie «con los Mossos», especialmente «en núcleos alejados de las comisarías como La Móra-Tamarit y Boscos».

Por su parte, Jordi Sendra (Junts per Catalunya) lo tiene claro. «Defendemos tener una policía de proximidad, que baje del coche y pasee por la ciudad, que hable con los ciudadanos, con los comerciantes y escuche lo que dicen porque tenemos claro que esto ayudará a tener más sensación de seguridad en la ciudad», afirma el candidato juntaire, quien también avala que «poner más cámaras ayuda y mucho a disuadir a los actos vandálicos y violentos».

Maria del Mar Giné (Sí Tarragona) aumentaría la plantilla de seguridad local, así como su «patrullaje y fomentar «el papel del voluntariado de Protección Civil». Giné también pone sobre la mesa «usar centros cívicos y asociaciones de vecinos para que, un día a la semana, haya guardias urbanos del grupo de mediación». También acordaría con el Port que la policía portuaria patrulle con la Urbana «en el Moll de Costa, el Passeig Marítim y la calle Trafalgar».

En el lado de los que reforzarían la seguridad también se encuentra Maria Mercè Martorell (PP). «La medida principal para que nuestros vecinos dejen de tener esa sensación de inseguridad será implantar la Policía de Barrio, los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Y para que esto se pueda llevar a cabo todos los días del año, es importante que Tarragona adquiera la declaración de Municipio Turístico», afirma la alcaldable, quien también propone el teléfono de emergencias «conectado con la Policía Local para actuar de forma inminente ante ocupaciones o intentos de ocupación», así como la Unidad Administrativa de la Guàrdia Urbana «para luchar contra la ocupación ilegal» y la Unidad de Actuación Inmediata de la Policía Local «ante las ocupaciones inminentes con un protocolo claro y efectivo».

ECP: «Urbanismo feminista»

De manera muy diferente se expresan CUP y En Comú Podem. «Cuando en la CUP hablamos de seguridad hablamos de la seguridad de vivir bien, y esto pasa por poder pagar el alquiler, unos trabajos dignos y poder salir a la calle cómo seas y quieras a quien quieras», indica su alcaldable, Eva Miguel, quien asegura que «la videovigilancia se ha demostrado como un sistema ineficaz».

Finalmente, Jordi Collado (ECP) apuesta por «reorganizar la Guàrdia Urbana» para «aumentar exponencialmente los agentes de la policía de proximidad» pasando de un modelo «de control social» a otro de «policías andando, con espacios urbanos seguros con la lógica del urbanismo feminista».