La eurodiputada Clara Ponsatí ha vuelto este martes a Catalunya atravesando la frontera franco-española sin entregarse a las autoridades después de cinco años en el extranjero.
La exconsellera de Educació de la Generalitat ha llegado este mediodía a Catalunya, donde ofrecerá una rueda de prensa para explicar su regreso desde Bélgica. Actual miembro del Parlamento Europeo por Junts, Ponsatí tiene en vigor una orden de detención en España por un delito de desobediencia por la organización del referéndum del 1 de octubre.
También tiene inmunidad europarlamentaria cautelar concedida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. «Me siento muy bien, contenta por poder volver a pisar la Catalunya del sur», ha dicho Ponsatí.
Todavía desde el coche con el cual ha cruzado desde Perpiñán, Ponsatí ha asegurado que ahora queda «a la expectativa de las próximas horas y días».
Con 66 años acabados de cumplir, Ponsatí ha hecho este paso después de que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena revisara la acusación contra los líderes independentistas todavía no juzgados en la causa del 1-O a raíz de la derogación de la sedición pactada entre el gobierno español y ERC. Precisamente, Ponsatí solo estaba acusada de este delito, a diferencia del expresidente Carles Puigdemont, el eurodiputado Toni Comín y el ex consejero Lluís Puig, que se enfrentan a un delito de malversación.
Con la reciente reformulación de la causa del Procés en el Supremo, Ponsatí se expone a un delito de desobediencia, que no comporta penas de prisión. Llarena ha rechazado procesarla de momento por el nuevo tipo agraviado de desórdenes públicos, como querían la fiscalía y la Abogacía del Estado.
Además, Llarena prometió a Ponsatí y Marta Rovira –también acusada de desórdenes públicos– que «la detención se limitará al tiempo estrictamente indispensable para garantizar la continuación del proceso».
La causa contra Ponsatí
Pocos meses antes del referéndum de independencia de 2017, Ponsatí entró en el Gobierno de Carles Puigdemont como responsable de la conselleria de Educació, encargada de la apertura de las escuelas como colegios electorales. Después del 1-O y la posterior votación de la declaración de independencia en el Parlamento, Ponsatí se marchó a Bélgica y allí recibió la primera orden de detención europea de la Audiencia Nacional, que la acusaba de un delito de rebelión por su papel en el referéndum.
Cuando se retiró esta primera euroorden a principios del 2018, Ponsatí se instaló en Escocia, donde se reincorporó como catedrática de Economía y Finanzas en la Universidad de Saint Andrews. Especialista en Teoría de Juegos y Economía Pública, Ponsatí tiene una larga carrera académica con estancias en varias universidades de los Estados Unidos, como Georgetown o Princeton. «La diferencia entre vivir en el extranjero y vivir en el exilio es que ahora no puedo volver a casa», escribía el 2022 en su libro de memorias. Este martes ha vuelto a casa aprovechando la reforma del Código Penal.
El tribunal de Edimburgo
La segunda y tercera euroorden de Llarena la enganchó ya en Escocia. Esta última ya era solo por un delito de sedición, puesto que el Tribunal Supremo la cambió en sintonía con la sentencia por la causa del Procés de noviembre de 2019. Aun así, Ponsatí se exponía a una condena además de 10 años de prisión. A principios de 2020, la exconsellera entró en el Parlamento Europeo como eurodiputada de Junts gracias a la nueva distribución de escaños por el Brexit y volvió a Bruselas. Por eso, Escocia cerró definitivamente el caso por su extradición el agosto del 2021. El tribunal de Edimburgo consideró que Ponsatí ya no estaba bajo su jurisdicción y que, por lo tanto, había que finalizar el proceso judicial para extraditarla en España.
La eurodiputada de Junts quedaba pendiente de los tribunales belgas, que continúan a la espera de los tribunales europeos para abordar una eventual cuarta euroorden contra los líderes independentistas al exilio. Ahora bien, con la reforma del Código Penal, el Supremo solo ha rehecho la orden de detención en España contra ella por un delito de desobediencia, que no comporta penas de prisión y que, por lo tanto, hace inviable una euroorden.
En su último escrito, Llarena negaba que tuviera que pedir un nuevo suplicatorio en el Parlamento Europeo porque la orden de detención en España es «nacional». El magistrado también rechazaba que los delitos hayan prescrito, tal y como argumentaba la defensa de la eurodiputada en el último recurso presentado al Supremo.
Inmunidad provisional
Ponsatí disfruta actualmente de la inmunidad europarlamentaria cautelar que le concedió el Tribunal de Justicia de la UE a finales de mayo de 2022. El Tribunal General de la UE (TGUE), primera instancia en Luxemburgo, todavía tiene que resolver la demanda de Ponsatí, Puigdemont y Comín contra el Parlamento Europeo porque, según ellos, se les retiró la protección de forma irregular. La eventual decisión del TGUE se puede apelar en última instancia al TJUE.
El TJUE concedió la inmunidad porque consideraba demostrado la «previsibilidad de su detención y entrega a las autoridades españolas si no se suspende la ejecución de las decisiones del Parlamento mediante las cuales se suspendió su inmunidad». «La eventual detención (por una euroorden) les podría causar un perjuicio grave e irreparable. El mismo pasaría, a fortiori (con mayor motivo), con la entrega de los recurrentes a las autoridades españolas, que podría dar lugar a una privación de libertad a largo plazo», apuntaba el auto del TJUE.
