Los 87 inmigrantes que viajan en el Open Arms recibirán hoy a su llegada al puerto de Algeciras el mismo trato que los llegados en patera. No se beneficiarán de ningún trato especial como el de los 629 pasajeros del Aquarius en Valencia o los 60 del Open Arms en Barcelona, que recibieron permisos extraordinarios por razones humanitarias de 45 y 30 días respectivamente.
Durante ese periodo, los recién llegados pudieron meditar con calma si presentaban una solicitud de asilo que, una vez admitida a trámite, garantizaba que entraban en el sistema de protección internacional español. En el caso del Aquarius lo hicieron todos menos uno. Ahora dispondrán para ello tan solo de un periodo de 72 horas durante el cual serán retenidos por la policía en un nuevo centro de acogida creado en Algeciras.
Preocupación por el cambio
La Red Española de Inmigración lamentó ayer que al grupo de 87 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo por la ONG Proactiva Open Arms no se les dé «los mismos permisos de acogida» que a los integrantes del Aquarius que desembarcaron en Valencia. En un comunicado, la organización expresa su preocupación «por el cambio de rumbo que ha manifestado el Gobierno y que parece plegarse a la voluntad del Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska».
Además, lamenta que al no haber designado como puerto seguro Barcelona, «donde la ciudad se ha ofrecido a apoyar y acoger a las personas que puedan desembarcar, no se podrá garantizar a los rescatados en el Mediterráneo ningún espacio de acogida suficiente», así como medios y efectivos que se desplegaron en la acogida del Aquarius.
Algunas ONG, como la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) en Algeciras, han explicado a Efe que como la mayoría de los migrantes proceden de Sudán tienen muchas probabilidades de que se admita a trámite su solicitud de asilo y protección internacional.
Durante el tiempo que se tramita su expediente, un mínimo de seis meses, no podrán ser expulsados y serán derivados a unos recursos concretos en Sevilla, Madrid o Barcelona, ha señalado Andrés de la Peña, de APDH.
La secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, ha negado cualquier discriminación y ha atribuido la diferencia de trato a que el Gobierno ya tiene engrasados los mecanismos para resolver estas situaciones con celeridad.
