El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que obliga a pagar al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) todas las solicitudes que se resuelvan y que supere los tres meses que marca la ley, ya que «debe entenderse estimada por silencio positivo».
La Sala de lo Social del Alto Tribunal detalla en su resolución que la Administración, si no resuelve en el plazo previsto por la ley, tendrá que pagar también a aquellas personas cuya solicitud les haya sido denegada, por lo que «una vez operado el silencio positivo, no es dable efectuar un examen sobre la legalidad intrínseca del acto presunto». Recuerda la legislación que califica el silencio administrativo positivo o negativo como la garantía de los derechos de los particulares cuando la Administración «no atiende eficazmente y con la celeridad debida las funciones para las que se ha organizado».
Los magistrados unifican así la doctrina que se había resuelto con varios fallos contradictorios, tras un recurso de casación interpuesto un trabajador que solicitó en 2011 el abono del 40 % de la indemnización derivada de la extinción de su contrato. En este caso, la petición fue denegada por la Sala de Lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero la solicitud se tramitó tardíamente, por lo que la resolución «debe dejarse sin efecto por haber transcurrido un plazo superior a tres meses».
El Fogasa tiene como función garantizar a los trabajadores la percepción de salarios, así como las indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral pendientes de pago a causa de insolvencia o procedimiento concursal del empresario.
El Tribunal de Cuentas publicó en enero un informe de fiscalización del Fogasaen el que achacaba a la falta de medios el colapso de este ente público. Recordaba que “a 31 de diciembre de 2013, el Fondo de Garantía Salarial tenía un total de 221.384 expedientes pendientes de resolver». Ese año, señalaba el informe, el periodo medio de tramitación de los expedientes salariales ascendió a 201 días, muy lejos del plazo legal de tres meses.
253,8 días de espera en Tarragona
Según el informe,Tarragona es la octava provincia del Estado con un mayor retraso en el pago a los trabajadores con 253,8 días de media de espera. El tiempo de espera máxima ha llegado a ser de 1.143 días, es decir, más de tres años. Sólo la superan Ceuta (346,6 días de media de espera), Valencia(309), Madrid (288,1), Sevilla (266,4), Las Palmas (263,4), Almería (256,3) y Barcelona (255,7).
