El titular del Juzgado 6 de Instrucción de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado citar como investigados (imputados) al que fuera exsecretario de Estado de Seguridad del Gobierno de Mariano Rajoy Francisco Martínez y al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino por las supuestas presiones contra el exjuez Javier Gómez de Liaño mientras ejercía de abogado del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas.
La imputación del número dos del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Pino, supuesto cabecilla de la conocida como Policía Patriótica, se produce en el marco de la pieza 36 del caso Tándem, que investiga las revelaciones y trabajos del excomisario José Villarejo.
En esa causa se investiga, según los documentos sumariales, si «personas vinculadas al Partido Popular» encargaron unos «servicios dirigidos a la obtención de informaciones relativas a Luis Bárcenas (.) y a su abogado defensor en ese procedimiento, Javier Gómez de Liaño», que luego «pudieran ser utilizadas para presionar a ambos y evitar que pudiesen difundir datos comprometedores para ese partido».
En medios judiciales, esta causa se conoce como Kitchen 2, por su semejanza al operativo parapolicial puesto en marcha por el Ministerio del Interior que dirigía Fernández para obtener información sobre los movimientos de Bárcenas gracias a los sobornos a su chófer.
En concreto, esa pieza 36 tiene su base en una grabación en las que diversas personas hablan de la posibilidad de chantajear a Gómez de Liaño sobre un supuesto cobro en negro del letrado por su defensa del mafioso ruso Zakhar Kalashov. A cambio de no airear esos supuestos pagos irregulares, el abogado debería convencer a su cliente para que cesaran las filtraciones a los medios en 2014 sobre la financiación en B del Partido Popular.
El magistrado recuerda que tanto Martínez como Pino se encuentran investigados en otra pieza del caso Tándem, la 7 (operación Kitchen), por lo que el «contenido incriminatorio que presumiblemente podrían tener ambas declaraciones» le lleva a tomarles declaración con el estatus procesal de investigados.
García Castellón, en este mismo auto, rechaza la solicitud de Gómez de Liaño de tomar declaración como investigados al exdirector de la Policía Ignacio Cosidó y al abogado del Estado en excedencia Alejandro Auset, «puesto que ninguna declaración ni documento obrante en la causa -dice el juez- ha puesto de manifiesto la conexión de ambos con los hechos objeto de investigación».
