Dos de las cuatro mujeres de nacionalidad española que se marcharon en 2014 con sus maridos yihadistas a Siria para vivir bajo el autoproclamado Estado Islámico llegaron la noche de este lunes a la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid, a bordo de un avión oficial fletado por el Gobierno español.
Junto a Yolanda Martínez, de 37 años, y Luna Fernández, de 34, aterrizaron trece menores con edades comprendidas entre los tres y los quince años. Nueve de los niños y adolescentes son hijos naturales de ambas , aunque también hay cuatro niños ‘acogidos’ como propios tras el fallecimiento o desaparición de su progenitores cuya filiación real habrá que determinar.
Las dos mujeres fueron detenidas a pie de escalerilla por orden de la Audiencia Nacional que en septiembre de 2019 emitió una orden de búsqueda y captura contra ellas. Está previsto que, tras ser interrogadas por agentes de la Comisaría General de lnformación de la Policía Nacional, pasen este miércoles a disposición del juez Santiago Pedraz, que será el que decida si las envía a prisión o decreta su libertad provisional. En casos anteriores de mujeres que se desplazaron a zonas de conflicto siguiendo los pasos de sus maridos la justicia les imputó un delito de integración en organización terrorista.
La Policía cree que los maridos de las dos mujeres repatriadas fueron jefes destacados de la brigada Al Andalus, que se integró en las filas del Daesh y que estaba íntimamente relacionada con una célula yihadista desmantelada en España en 2014 . El esposo de Luna Fernández murió en el frente en Siria y el de Yolanda Martínez fue capturado y las últimas informaciones le sitúan con vida y en una cárcel kurda.
Los familiares de las retornadas que se desplazaron al aeródromo militar no pudieron hablar con las dos deportadas ni con los menores, que quedaron bajo la tutela de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid. Preocupa a los expertos conocer el grado de posible adoctrinamiento de algunos de estos chavales, especialmente los de mayor edad y que durante años vivieron bajo el ‘sistema educativo’ del ISIS. Cuatro de los niños son hijos de Martínez. Fernández es madre de otros cinco críos de los llegados a España y estaba al cargo de otros cuatro hipotéticos huérfanos también aterrizados en Torrejón.
Desde 2020 Martínez y Fernández y la docena de menores que les acompañaban, que en los últimos tiempos vivían en el campo de prisioneros de Al Roj en Siria (cerca de la frontera con Turquía), han estado recluidos bajo el control de las autoridades kurdas desde que en 2020 el Estado Islámico se desmoronara. Desde entonces, los servicios del Ministerio de Exteriores han trabajado para su repatriación, junto a la de otras dos españolas que no han regresado al no haber sido localizadas.
Se trata de Lubna Miludi, una maestra de Ceuta de 29 años con dos hijos que estaba en otro campo, el de Al Hol, cerca de Irak; y Loubna Fares, de 43 años, una marroquí cuyo marido (el yihadista de origen iraní ya fallecido Navid Sanati) tenía también la nacionalidad española. Fares escapó en febrero de 2020 con sus tres hijos del campo de ese mismo campo de Al Hol y desde entonces se ignora su paradero.
Un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores visitó antes del verano a españolas vinculadas con Estado Islámico que permanecen en los campamentos de refugiados en el norte de Siria con el fin de establecer las condiciones para su eventual repatriación a España, según confirmaron este martes fuentes del Gobierno, que apuntaron que el Departamento de Estado de Estados de Unidos ha coordinado parte de la operación de repatriación.
Limbo legal Cerca de 56.000 personas de distintos países, casi todas ellas mujeres y niños, siguen detenidos sin juicio ni acusación en los campos de Al Hol y Roj de Siria, principalmente las esposas y los hijos de los hombres sospechosos de pertenecer al Estado Islámicos en el noreste de ese país.
Hace ya meses que países como Alemania, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Suecia o Tayikistán comenzaron las repatriaciones de sus nacionales. En España esta operación se ha retrasado por las reticencias de los servicios antiterroristas y los reparos de las cuatro mujeres al conocer de las acusaciones formales que pesan contra ellas y que les podrían costar hasta cinco años de cárcel.
