El cuestionamiento del Partido Popular (PP), del Tribunal Supremo y de otros tribunales a la amnistía por el ‘procés’ deja en el aire su aplicación total un año después de la aprobación de la ley en el Congreso de los Diputados. Si bien la amnistía ha beneficiado ya al menos a 328 personas según Alerta Solidària, los principales líderes independentistas que promovieron el referéndum del 1-O siguen a la espera de los recursos judiciales en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Expertos en derecho comentan que los casos en el TJUE pueden retrasar aún más la aplicación de la amnistía a dirigentes como Carles Puigdemont u Oriol Junqueras aunque el Tribunal Constitucional dé luz verde a la norma.
El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, descartó hace unos días que el TC tuviera que emitir la sentencia tras la resolución de las cuestiones prejudiciales presentadas por varios tribunales en el TJUE, como le pedía el PP y algunos magistrados conservadores. Por eso, a principios de junio la magistrada ponente de la sentencia, la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, pasará el borrador de sentencia a sus colegas, y se prevé que voten el texto definitivo en torno a San Juan. Se espera que la mayoría progresista del tribunal avalará la constitucionalidad de la ley, por 6 votos a 4, pero se desconocen los términos exactos.
Josep Lluís Martí, profesor de Filosofía del Derecho de la UPF, y Joan Lluís Pérez Francesh, profesor de Derecho Constitucional de la UAB, opinan que si el TC avala la ley, el Supremo pondrá todos los «palos en las ruedas» que pueda para retrasar su aplicación individual y directa, presentando, por ejemplo, una prejudicial al TJUE. Sobre el tiempo que puede tardar el TJUE en resolver todas las prejudiciales sobre la amnistía, Henri de Waele, profesor de Derecho Europeo de la Universidad de Amberes y de la Universidad de Nijmegen, avisa de que en ocasiones el tribunal dilata el tiempo de reflexión ante casos controvertidos o políticamente sensibles.
El 30 de mayo de 2024 el Congreso de los Diputados aprobó la ley de amnistía que busca la «normalización institucional, política y social» en Catalunya eximiendo de responsabilidad penal, administrativa y contable a los implicados en el ‘proceso’.
La ley perdona todas las consecuencias penales, contables o administrativas a todos los que hubieran participado en infracciones legales relacionadas con el proceso independentista. Marcaba algunas exclusiones, como los delitos más graves contra los derechos humanos, el terrorismo o malversación de fondos públicos europeos o que hubiera servido para enriquecer el patrimonio personal.
Casi un año después de la entrada en vigor de la ley de amnistía, el balance es de 328 personas amnistiadas, 129 de ellas policías y 199 independentistas: 173 activistas o manifestantes y 26 políticos, cargos públicos y empresarios, según Alerta Solidària.
Casos pendientes del Supremo
Los altos tribunales del Estado no han amnistiado completamente a casi ninguno de los líderes políticos independentistas investigados, procesados o juzgados por el Procés. El Supremo ha perdonado la desobediencia a Junqueras, Romeva, Turull y Bassa. Sin embargo, no les ha amnistiado el delito de malversación de fondos públicos, lo que hace que se mantenga la inhabilitación y la posible responsabilidad contable.
La misma sala también ha amnistiado a la desobediencia pero lo ha evitado en el caso de la malversación de los políticos Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, a los que mantiene vigentes las órdenes españolas de detención. En cambio, como Marta Rovira sólo estaba procesada por desobediencia, ese delito le queda amnistiado y el orden de detención queda anulado.
