El Pacto de Berà sigue la lucha tras lograr el objetivo de sacar a los camiones de la N-340

El lobi de alcaldes del Camp y Penedès avisa que estará atento a los efectos colaterales del desvío de camiones hacia la AP-7

13 septiembre 2018 17:44 | Actualizado a 14 septiembre 2018 07:48
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Los alcaldes del Pacto de Berà celebran los buenos resultados del desvío de los camiones de la N-340 hacia la AP-7, pero avisan que estarán atentos a los efectos colaterales de la medida, que entró en vigor el 2 de septiembre.

Tras reunirse este jueves en Roda de Berà (Tarragonès), los alcaldes han confirmado que el grupo se mantendrá activo en defensa de las infraestructuras del territorio.

Según los alcaldes, la N-340 aún supone un problema porque atraviesa núcleos urbanos y se colapsa los días de mayor afluencia de vehículos.

A la espera de conocer las decisiones que se tomarán cuando venza la concesión de la AP-7, en el año 2021, el Pacto de Berà insiste en que la prolongación de la autovía A-7 debe hacerse en paralelo a la autopista para "trinchar el territorio lo menos posible". En este sentido, los integrantes del Pacto se han mostrado satisfechos por la consecución de uno de sus principales objetivos: sacar los vehículos pesados de la N-340 entre Altafulla y Vilafranca.

Después de cuatro años de trabajo, sin embargo, el grupo asegura que seguirá trabajando en la defensa de los intereses del territorio. De entrada, los alcaldes se darán unas semanas para comprobar el funcionamiento de la medida.

El alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, ha señalado que los puntos más sensibles son el acceso al peaje de Altafulla-Torredembarra y el enlace de Vilafranca sur, donde se produce una gran afluencia de camiones con origen y destino a la autopista.

A pesar de ello, Rovira ha insistido en que "la N-340 no está solucionada" del todo y que habrá que seguir trabajando en el futuro de la AP-7 "con una gratuidad o la viñeta, que es la apuesta de futuro que hacemos y que hay que trabajar ".

El alcalde de El Vendrell, Martí Carnicer, ha recordado que continúan reclamando la prolongación de la A-7 hasta Vilafranca y que se haga en paralelo a la autopista de manera "que trinchar el mínimo posible el territorio". Carnicer ha puesto en valor que el desvío de camiones se ha conseguido gracias al frente común de los entes locales y de la ciudadanía, y con la colaboración de la Generalitat y del Gobierno.

Aparte de la saturación de la N-340 durante los fines de semana y los períodos de vacaciones, la carretera aún cruza por en medio de los núcleos de L'Arboç (Baix Penedès) y de Castellet i la Gornal (Barcelona). Los vecinos de L'Arboç, por ejemplo, ya han mostrado su satisfacción por el desvío de camiones. Dicen que hay menos ruido, menos contaminación y que pueden dormir más cómodamente, según ha señalado el alcalde, Joan Sans.

El alcalde de Altafulla, Fèlix Alonso, ha añadido que la fluidez en la vía ha mejorado "muchísimo", pero que lo más importante de todo es combatir la siniestralidad.

El alcalde ha recordado que este año la N-340 ha sumado 11 víctimas mortales -ninguna desde la entrada en vigor de las restricciones, el 2 de septiembre-. Alonso ha subrayado también que en el tramo entre Altafulla y Vilafranca "ahorran" unos 2.000 camiones diarios que ahora circulan por la AP-7. "Las cifras hablan por sí solas", ha valorado, satisfecho.

Por su parte, la presidenta del Consell Comarcal del Baix Penedès, Eva Serramià, señaló que el territorio comparte intereses comunes en infraestructuras, como "bisagra" entre las áreas de Barcelona y Tarragona.

El lobi, agregó Serramià, continuará unido para reivindicar mejoras en infraestructuras como las cercanías y los accesos a polígonos, entre otros. "No queremos que este sea un territorio de paso, sino que haya una capilaridad de las infraestructuras que mejore el bienestar de las personas que viven aquí", concluyó Serramià.

Además de los alcaldes de El Vendrell, Altafulla, Torredembarra y L'Arboç, y de la presidenta del Consell Comarcal del Baix Penedès, el encuentro del Pacto de Berà también ha reunido a los alcaldes de Calafell, Cunit, Creixell, Roda de Berà, Castellet i la Gornal, Bellvei y Santa Margarida i els Monjos.

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