La construcción de la futura residencia de la gente mayor de Altafulla va a tirar adelante. Lo hará después de haber superado muchas controversias y que el actual equipo de gobierno y el anterior a la moción de censura hayan llegado a un entendimiento.
Sin embargo, siguen habiendo discrepancias. Una es la ubicación del equipamiento, prevista en un solar de titularidad municipal de La Cabana, y que ahora el concejal de la Gent Gran, Francesc Farré, pone en duda: «Dependiendo del modelo de residencia que acabe siendo, el espacio pensado para su construcción puede quedar pequeño», admite. A estas palabras, el concejal de l’EINA-ERC, Jordi Molinera, recuerda que ya existe un estudio de viabilidad arquitectónica aprobado por la Generalitat y apoyado por otro de viabilidad económica, «que tiene en cuenta la situación de la residencia en La Cabana. No tiene sentido replanteárselo», sentencia, e insiste en que «ahora solo falta entrar en el proyecto ejecutivo».
Por su parte, el concejal de la Gent Gran no lo ve tan sencillo y asegura que hay que replantearse «¿cuánta gente hay en Altafulla que necesita este espacio?», y habría que «rehacer el estudio». «Estamos hablando de trámites muy lentos», añade, lo que, según él, supone «saber de qué modelo de residencia estamos hablando: privado, municipal o compartido. Dependiendo de esto el coste será uno u otro. Está claro que hay que ponerse manos a la obra, pero el proceso es largo».
Una comisión de estudio
Con el fin de resolver los desacuerdos que devengan con el proyecto en noviembre se aprobó, en sesión plenaria, la creación de una comisión de estudio formada por un miembro de cada grupo municipal, que comenzará a reunirse en enero y lo hará cada dos meses. Al respecto, Francesc Farré avanzó al Diari que en los presupuestos del 2023 -que todavía no se han aprobado- se prevé una partida de 15.000 euros para esta comisión. Esta es, según el concejal, una de las cuatro partidas que «varían respecto a los presupuestos del año pasado». Finalmente, el concejal de l’EINA-ERC se mostró escéptico con esto y alertó que «si los presupuestos no se aprueban antes de enero quedan automáticamente prorrogados los del 2022, y éstos preveían 70.000 euros para estudios de proyectos, pero no concretamente el de la comisión de la residencia».
