El Parlament ha aprobado el decreto ley de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en locales de negocio arrendados. El pleno ha dado luz verde a la norma aprobada en el Consell Executiu del Govern del 20 de octubre, en la votación de este miércoles. El texto permite reducir al 50% el alquiler de los negocios cerrados por la pandemia, tal como adelantó en primicia la ACN.
La consejera de Justícia, Ester Capella, ha destacado durante el debate que la normativa permitirá repartir con igualdad las consecuencias negativas derivadas de la suspensión o las restricciones de la Covid-19. JxCat, ERC y CatECP han votado a favor del texto, y Cs, PSC-Units, CUP-CC, PPC y los diputados del PDeCAT se han abstenido.
El decreto reduce al 50% el alquiler de los negocios cerrados durante el periodo de suspensión de la actividad en caso de que no haya acuerdo entre propietario y arrendatario. La norma pretende evitar el cierre de empresas y la destrucción de puestos de trabajo y potenciar la negociación entre las partes para no judicializar la cuestión.
Los inquilinos de bares, restaurantes, centros de estética o bingos podrán renegociar con los propietarios para establecer, de mutuo acuerdo, una rebaja de las mensualidades o acogerse, en el plazo de un mes, a la rebaja del 50% si no hay pacto.
En el caso de los negocios con restricciones parciales, si hay falta de acuerdo la rebaja será del 50% de la parte restringida. Esto significa que, en caso de un negocio que debe reducir a la mitad el aforo, el arrendatario deberá pagar todo el alquiler de la parte que puede utilizar y la mitad de la parte restringida. Es decir, que el propietario acabará ingresando el 75% del precio del alquiler habitual. La medida se podrá aplicar en sectores con aforo o horarios parcialmente restringidos como teatros, comercios, tiendas de 24 horas y hoteles.
El decreto prevé que, en el caso de la restauración, el hecho de ofrecer servicio a domicilio o recogida no se tenga en cuenta para acceder a la rebaja del alquiler. A efectos prácticos, por lo tanto, la administración considerará que el negocio está cerrado y que puede acogerse, también, a la rebaja del 50%.
El decreto ley favorece el acuerdo entre inquilino y propietario y, al mismo tiempo, impide que la negociación dilate la rebaja de las cuotas, ya que se establece el plazo de un mes para la aplicación automática de la disminución del precio. El Govern considera que esto evita una "judicialización masiva de la rebaja de los alquileres" que congestionaría los tribunales y, además, no serviría para ayudar a los negocios a tiempo.
