Cuenta atrás para que venza la actual prórroga de los ERTE, que termina el próximo 30 de septiembre. Gobierno y agentes sociales se reúnen el próximo viernes para iniciar unas negociaciones que, aunque en principio todas las partes señalan que deberían ser sencillas, la experiencia previa dice que no será así y que se alargarán todo el mes.
A las dificultades que ya de por sí había hasta ahora, como son determinar el nuevo plazo de vigencia, el porcentaje de rebaja de las cotizaciones o cláusulas varias como conservar el empleo seis meses o prohibir dividendos, se suma ahora una nueva: mantener la actual cuantía de la prestación. Un tema que no es baladí puesto que, si no se cambia la ley, incluso antes de que termine el mes habrá trabajadores a los que se les reducirá el sueldo a la mitad.
Esto es así porque la actual normativa de las prestaciones por desempleo (donde se incluyen los ERTE) establece que a partir del día 181 la cantidad que se recibe es menor y el trabajador pasa a cobrar en lugar del 70% de la base reguladora, el 50%. Esto supone que el salario de los trabajadores que llevan en ERTE desde el inicio de la pandemia se reducirá prácticamente a la mitad respecto al que tenían antes cuando se cumplan estos siete meses, lo que para algunos puede ser a mediados de septiembre.
Según los últimos datos oficiales, a día de hoy hay algo menos de 700.000 trabajadores con el empleo suspendido. Sin embargo, no todos verán mermada su prestación cuando cobren en octubre, sino únicamente quienes lleven con un ERTE a jornada completa desde el inicio de la pandemia. Aquellos que tengan un ERTE parcial tardarán más en ver reducida su nómina porque se van descontando los días en función del tiempo que se trabajo.
Por ello, mantener la prestación del 70% de la base reguladora será el principal caballo de batalla en esta negociación para los sindicatos, que además exigirán los mismos derechos para los trabajadores que ahora, como el hecho de que todos puedan acogerse al paro aunque no tengan el periodo mínimo cotizado y que este tiempo en ERTE no compute de cara a futuras prestaciones.
El otro gran escollo estará en el plazo de la nueva prórroga. Aquí sindicatos y patronal van a una: no quieren un límite de fecha, y menos que sea solo hasta final de año, sino que buscan una prórroga indefinida. Además, intentarán que se extienda con carácter general, sin focalizar por sectores, y con las mismas condiciones, algo que se antoja complicado.
Si la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Podemos), es proclive a las tesis de sindicatos y patronal, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño (PSOE), muestra su preferencia por una nueva prórroga enfocada por sectores o ámbitos, más castigados por la pandemia, con el turismo a la cabeza.
Aquí es donde puede residir la gran dificultad para alcanzar el acuerdo, ya que esto lo rechazan tanto la CEOE como los sindicatos, que aseguran que podría suponer un agravio para muchas empresas y que en realidad los ERTE ya tienen que ser examinados antes de aprobarse.
