El acceso a la vivienda es una de las mayores preocupaciones de nuestra sociedad. Saber dónde vivir y desde allí realizar –en la medida de lo posible– sus sueños es casi «misión imposible».
Los precios de venta son prohibitivos, el crédito hipotecario ha dejado de ser aquella especie de all included que era antes de la explosión de la burbuja inmobiliaria. Continuamos sumando factores: vivienda social casi nula, alquileres improbables para casi todos los salarios, proliferación de pisos turísticos sin control, locales comerciales vacíos que podrían transformarse en habitacionales si la ley fuera algo más inteligente. Y luego están los pisos vacíos.
Es inaceptable que un país que tiene esta problemática detectada, no responda con soluciones inmediatas. Para los que tengan la memoria algo despistada, recordarles que el conocido como banco malo: SAREB, es una entidad privada pero de propiedad estatal, que se creó en su momento para gestionar los activos tóxicos (es decir, los pisos vendidos por los bancos sin tener en cuenta criterios de riesgo) y evitar así que la factura de la quiebra de la burbuja fuese a parar al bolsillo de los contribuyentes (los mismos que ahora no acceden al mercado de la vivienda).
Las administraciones públicas tienen la llave para solucionar el acceso a la vivienda. No hay que perder más tiempo
El SAREB es el gran propietario de pisos vacíos en Tarragona, es decir, el Estado es el gran propietario de pisos vacíos. La ley dice que el gran propietario debe ejercer su propiedad para usarla y destinarla a su finalidad, que es habitarse, bien en régimen de alquiler o de propiedad, vendiéndola o alquilándola. Los formulismos legales son necesarios para proteger los derechos, pero no pueden ser excusa para no actuar con decisión ante esta crisis.
Las administraciones tienen el deber de ejecutar la vivienda social a la que se comprometieron y hacer que las entidades propietarias de pisos que dependen de ellas actúen y estas viviendas lleguen al mercado con un criterio razonable. Alquiler o venta, pero teniendo en cuenta que el derecho principal a proteger es del acceso a la vivienda.
