No es un problema judicial

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, declaró ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya como investigada por un presunto delito de desobediencia  por permitir en el pleno del 27 de julio pasado la votación de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente que, según la fiscalía, contraviene una orden expresa del Tribunal Constitucional. Forcadell defendió ante el juez la libertad del Parlament  de poder debatir sobre la independencia de Catalunya. El Gobierno por su parte, argumentó por boca de su portavoz Íñigo Méndez de Vigo que «la Justicia es independiente y no responde a ningún tipo de presiones». Es evidente que la táctica del Gobierno para combatir el proceso soberanista radica en la judicialización de todas las acciones que se llevan a cabo desde los partidos independentistas. Es decir, la Justicia interviene porque el Gobierno insta las denuncias. Como método para amedrentar a los que lideran las presuntas acciones ilegales, la táctica del Gobierno es más que discutible, porque lo previsible es que, como sucedió ayer durante la declaración de Forcadell, sólo se consiga soliviantar más a los radicales. Y desde luego, como táctica política, judicializar el proceso soberanista es un error de bulto. El Estado tiene un problema político en Catalunya, no un problema judicial. El riesgo está en que cuando quieran darse cuenta, puede que sea demasiado tarde para reconducir la situación a un acuerdo.