Centenares de funcionarios de prisiones se han manifestado este viernes en Barcelona, último día de campaña electoral, en protesta por el asesinato de la trabajadora de Mas de Enric, en El Catllar (Tarragona), Núria López, y en contra del acuerdo que los sindicatos mayoritarios firmaron con el Govern.
Han encabezado la marcha la hermana y el sobrino de Núria. La protesta lo ha presidido una gran pancarta con el lema «La memoria de Núria y la dignidad de la plantilla no se vende», en alusión en el acuerdo firmado el pasado 25 de abril entre el Departament de Justícia y los sindicatos mayoritarios de prisiones.
Durante el recorrido, de casi tres kilómetros, los manifestantes han coreado gritos como «Todos somos Núria», «Stop agresiones», «No queremos dinero, queremos seguridad» y «Ubasart dimisión», en referencia a la consejera de Justícia de la Generalitat. Los manifestantes llevaban camisetas negras con una foto de Núria y frases como «Todos somos Núria» o «Supervivencia. Todos somos Núria».
Antes del inicio de la marcha, el sobrino de la trabajadora asesinada, Pablo Martínez, ha criticado que casi dos meses después del asesinato de su tía «nadie haya asumido la responsabilidad política por un hecho tan grave como el asesinato de una funcionaria pública en su puesto de trabajo».
El sobrino de la trabajadora no ha querido entrar a valorar el acuerdo entre el Govern y los sindicatos mayoritarios de prisiones, pero ha resaltado que si después de este pacto se siguen produciendo agresiones en las prisiones catalanas, la seguridad en este convenio queda en entredicho.
Los sindicatos CSIF como ACAIP han querido lanzar «un mensaje claro en la clase política y especialmente a ERC» para defender el servicio que prestan los funcionarios de prisiones con garantías y con seguridad, y no con compensaciones económicas.
Por su parte, la asociación Marea Blava ha enviado un comunicado en el cual rechaza el que consideran un acuerdo «manchado de sangre» y ha pedido cambios en las políticas penitenciarias que hagan compatible «el derecho en la vida con la rehabilitación».
Coincidiendo con el adelanto electoral en Catalunya, el asesinato de Núria López, desató una ola de protestas de funcionarios que llevó las prisiones al límite y puso en aprietos al Govern, un conflicto que se encauzó in extremis antes de la campaña del 12M.
El pasado 13 de marzo, el mismo día que el presidente catalán Pere Aragonès convocaba las elecciones del 12M, un preso que llevaba años trabajando en la cocina del centro penitenciario de Mas d’Enric (ubicado en el término municipal de El Catllar) acabó con la vida de Núria, la primera empleada de un centro penitenciario asesinada por un recluso en España. Después se suicidó.
El crimen puso en pie de guerra a los funcionarios de prisiones, que durante varios días bloquearon los accesos a los centros penitenciarios catalanes, donde la tensión se disparó con miles de reclusos confinados en sus celdas por falta de personal, y convocaron dos jornadas de huelga coincidiendo con la campaña electoral para reclamar más seguridad.
Los sindicatos de prisiones iniciaron sus protestas exigiendo la dimisión de la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, y el secretario de Medidas Penales del Govern, Amand Calderó, pero las ofertas de negociación del Departament acabaron por romper la unidad sindical y los minoritarios CSIF y ACAIP se desmarcaron del diálogo.
La noche del 25 de abril, los sindicatos UGT, CCOO, CATAC e Intersindical alcanzaron un acuerdo "in extremis" con la Generalitat por el que desconvocaron las dos jornadas de huelga -previstas para el día siguiente, inicio de campaña, y para la jornada de reflexión- al lograr mejoras laborales y compromisos para reforzar la seguridad.
El acuerdo ha disipado la tensión entre el personal penitenciario, pero el sindicato minoritario CSIF y la plataforma Marea Blava han convocado para este viernes en el centro de Barcelona una manifestación, que secunda la organización sindical ACAIP, bajo el lema "Todos somos Núria", coincidiendo con el último día de campaña electoral.
Los sindicatos mayoritarios como organización no secundarán esta manifestación, aunque sí pueden hacerlo sus afiliados a título personal, según han explicado a EFE fuentes sindicales.
Con esta protesta para el último día de la campaña electoral, los dos sindicatos y la asociación quieren visibilizar su rechazo al acuerdo alcanzado la noche del jueves 25 de abril entre el Departamento de Justicia y los sindicatos mayoritarios de prisiones que, dicen, se hizo "de espaldas a la plantilla" y a los que acusan por ello de "traición", mientras siguen exigiendo la dimisión de Ubasart y Calderó.
Aunque el asesinato de la trabajadora de Mas d'Enric fue el detonante, la crisis entre funcionarios de prisiones y el Departament de Justícia llevaba meses enquistado por desavenencias de calado, sobre todo respecto al modelo penitenciario del actual Govern, por las medidas de seguridad, que la plantilla consideraba demasiado laxas, y por el incremento de las agresiones a los trabajadores.
El acuerdo alcanzado la noche del 25 de abril con la mayoría sindical incluye mejoras laborales y compromisos para reforzar la seguridad en las cárceles, por valor de 30 millones de euros, aproximadamente, según detalló el Departamento de Justicia.
Entre otras medidas de seguridad, se pactó la sustitución de los internos en las cafeterías por personal externo, formación de defensa personal para los trabajadores penitenciarios, una nueva partida de radiotransmisores y de pulsadores y la revisión de los protocolos de emergencia y seguridad, así como del procedimiento disciplinario y sancionador.
También se acordaron medidas para el personal mayor de 55 años, como la no asignación de labores de protocolos de seguridad o asignación a módulos o áreas de especial conflictividad.
Asimismo, las dos partes acordaron incrementos retributivos que suponen aumentos del 13 al 22 por ciento de los complementos específicos y que en el mayoría de los casos pueden suponer aumentos de 10.100 euros anuales, además de actualizar las horas extras en cuantías incrementadas un 40 por ciento con respecto a las actuales.
Catalunya ha sido durante años la única comunidad autónoma con la competencia transferida en la gestión de los centros penitenciarios, que asumió en 1983, y en octubre de 2021 también se transfirió al País Vasco.