El Ayuntamiento de Tarragona obliga a pagar 16.000 euros en tasas por una obra que no se hizo por la anulación del POUM

La sentencia del Supremo contra el Plan de Ordenación Urbana Municipal paralizó el sector Culubret dos meses antes de iniciar su construcción, frenando una inversión de 15 millones

13 febrero 2025 20:09 | Actualizado a 14 febrero 2025 07:00
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El Ayuntamiento de Tarragona exige el pago de 16.023 euros a los promotores del sector Culubret, por la tramitación de la licencia de obras de un plan que estaba a punto de empezar a construirse cuando quedó en un cajón, tras la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el POUM de 2013. «Esto ha sido la guindilla final», sentencia Quim Culubret.

La cantidad que inicialmente tenía que pagar la empresa Terbuluc SL era de 80.117 euros, de acuerdo con la inversión de 6,1 millones de euros de la primera fase. Esta hacía referencia a la construcción de un edificio comercial destinado a supermercado en la planta baja, así como también de un aparcamiento y un almacén dedicado a la venta de materiales de construcción.

En esta fase inicial también tenía que hacerse la urbanización de los terrenos –ubicados junto a la carretera del Pont d’Armentera, delante de los depósitos de Ematsa– en los que a posteriori estaba prevista la edificación de 147 viviendas.

Terbuluc SL presentó una reclamación en contra de la tasa que le exigió el Àrea de Serveis Generals i Govern Obert del Ayuntamiento, teniendo en cuenta que no podía empezar las obras de acuerdo con lo previsto. Finalmente, se resolvió que tan solo tendría que abonar el 20% del importe, que es el que ahora le están reclamando.

El Ayuntamiento se ampara en el artículo 7.3 de la ordenanza fiscal número 5, según la cual, «cuando se deniegue la licencia, se liquidará el 100% de la tasa que corresponda». A continuación, este añade: «Se exceptúan los casos en los que, a pesar de haberse denegado la licencia, esta denegación no sea consecuencia de la no adecuación del proyecto presentado al planeamiento vigente o a las normas y ordenanzas de edificación». Es decir, para los casos en los que el desistimiento no es atribuible a un defecto en el proyecto sino a una causa ajena, como es el caso, el reglamento municipal contempla la reducción al 20% del importe.

«No vamos a pagar. Estamos muy decepcionados», indica Culubret. Las obras debían ponerse en marcha dos meses después de la sentencia del alto tribunal, que anuló la totalidad del plan general, dejando en un limbo el planeamiento urbanístico de la ciudad y todas las inversiones que dependían de este. «Lo teníamos todo contratado, ya que ya se había hecho la aprobación inicial del proyecto de reparcelación», indica Culubret. Este incluso había recibido la paga y señal de la cadena de supermercados Mercadona, que es la que tenía que instalarse en este ámbito de Terres Cavades.

El proyecto quedó frenado, a la espera de las normas subsidiarias urbanísticas que redactó el Ayuntamiento con el Departament de Territori de la Generalitat para llenar el vacío jurídico que se generó. En estas, el sector Culubret quedó fuera y decidió que tendría que esperarse al nuevo POUM que se está redactando para que pueda seguir adelante.

Evitar impugnaciones

«Jurídicamente estábamos en la misma situación que el Pla Parcial 10», indica Culubret. Sin embargo, mientras que el sector que afecta a los terrenos entre Bonavista y Campclar pudo seguir adelante, este fue a parar al cajón.

La decisión se tomó de forma conjunta entre el Ayuntamiento y la Generalitat, que estudiaron detenidamente el caso, teniendo en cuenta que en aquellos momentos se analizó todo con lupa, para evitar nuevas impugnaciones. Lo que decantó la balanza fue que el Pla Parcial 62 –que es como constaba en el antiguo POUM este sector– tenía dos recursos, una de las cuales presentada por el propietario del 20% del suelo, que se consideró que podrían poner en riesgo las normas.

Terbuluc SL es una de las sociedades que presentará una reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento por las pérdidas generadas por la suspensión del POUM, teniendo en cuenta que llevaba más de una década en la tramitación urbanística. La indemnización se ha valorado en unos 3,6 millones de euros, teniendo en cuenta la redacción de los informes y de los proyectos de un plan que en su conjunto suponía una inversión de quince millones de euros.

La tramitación urbanística se prolongó durante más de una década. Esta se alargó notablemente, teniendo en cuenta que hubo que hacerse una modificación puntual del plan general, para cambiar la agenda económica, avanzando del tercero al primer quinquenio su ejecución.

¿Habrá sector Culubret?

El futuro POUM deberá recuperar este sector para que el proyecto pueda seguir adelante. No obstante, ara que las máquinas entren definitivamente tendrá que volver a redactarse un nuevo plan parcial, con sus proyectos de urbanización y reparcelación. «Tengo muy pocas ganas de continuar, porque al final estamos hablando de quince o veinte años y ya no tengo ganas. Al final, soy empresario no urbanista», argumenta quien representa la cuarta generación de una empresa familiar dedicada a la venta de materiales de la construcción.

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