El Ayuntamiento de Tarragona decretó a finales del pasado mes de marzo el «cese de la actividad» del club de cannabis del Miracle, ubicado en los bajos del número 46 de la calle Robert d’Aguiló. La decisión se adoptó a raíz del informe «desfavorable» de los técnicos municipales, que hasta en dos ocasiones han requerido al promotor del establecimiento que aportara la documentación técnica necesaria para la implantación de la actividad, consistente en «asociación cultural privada de autoconsumo de cannabis».
Fuentes municipales explican que la documentación requerida hace referencia a aspectos técnicos relacionados con el acondicionamiento del edificio y que, en ningún caso, están relacionados con la actividad del negocio. Estas cuestiones técnicas afectan a elementos como la rampa de acceso.
La Associació Take a Brake comunicó al Ayuntamiento de Tarragona, el 12 de agosto del año pasado, la implantación de dicha actividad en este local que desde hacía algunos años estaba cerrado. Semanas más tarde, en concreto, el 8 de septiembre, la administración local emitía el primer informe «desfavorable» y requería al titular del negocio que en el plazo de un mes aportara toda la documentación necesaria. Esta no se presentó hasta el 3 de marzo y, de nuevo, el pasado día 22 los servicios técnicos municipales se pronunciaban en el mismo sentido y se informaba sobre el cese de la actividad, dando un plazo de diez días para poder presentar las alegaciones y la documentación que se consideren pertinentes.
Mientras tanto, durante todo este tiempo el negocio ha seguido funcionando y, de hecho, todavía está abierto. Desde el Ayuntamiento de Tarragona se asegura que resta pendiente una «audiencia previa» con el titular en la que «se comunicará la documentación que falta».
«No sabemos si es ilegal o no, pero entendemos que debería estar cerrado, porque presentaron la documentación tarde y encima estaba mal», lamentaba Jorge de Andrés, presidente de los Propietaris Augusta Mar. Este, asimismo, también es el presidente de los vecinos de los números 48 y 50 de la calle Robert d’Aguiló, que el pasado mes de agosto lideraron las quejas vecinales que se generaron cuando se conoció la implantación de este negocio en el barrio.
De Andrés defiende que «si lo tienen todo en regla no nos quedará otro remedio que convivir con ello, pero si no tienen los permisos tienen que cerrarlo, porque aquí depende de quién lo haga le cae un puro, y en cambio en este caso es como si no pasara nada».
Desde un primer momento un colectivo de vecinos se opuso, alegando que justo en el local del lado hay una escuela de danza, en la que por las tardes acuden muchos alumnos que son menores de edad. «Cada cual que haga lo que quiera, pero ponerse al lado de un centro al que acuden niños no es la mejor opción», decía la directora del centro, Aida Cortiñas.
Los vecinos afirman que durante estos meses no se han generado problemas y que la convivencia «es buena». Pese a ello, algunos de estos aseguran que han llamado en más de una ocasión a la Guàrdia Urbana para denunciar el olor procedente del interior del local. «Al menos, lo único que podemos hacer es que quede constancia», apuntan.
Javier Berrio es el presidente de la escalera del número 48, que en los bajos tiene al club cannábico. «La situación no está mal y la verdad es que ha mejorado en el sentido que no generan molestias», argumenta. La «única» preocupación de los vecinos que viven en el mismo edificio es que la salida de humos del local es la misma que había, cuando este espacio lo ocupaba un bar y tan solo han puesto un motor para aumentar la potencia, que hace más ruido y que tiene que estar conectado todo el día. «Provoca un poco de molestia, pero tampoco es exagerado, ya veremos qué pasa en verano cuando tengamos las ventanas abiertas», argumenta Berrio.
El presidente de los vecinos del bloque número 48 es de la opinión que «si la normativa lo permite y él va cumpliendo, esto seguirá funcionando y lo que hemos visto es que la relación está mejorando y estamos tratando de que así sea». Este rotativo ha intentado ponerse en contacto con el propietario del establecimiento, que ha declinado hacer declaraciones.
