El gobierno municipal del alcalde Rubén Viñuales (PSC) tiene señalada y subrayada una fecha clave del presente mandato municipal: el mediodía del 18 de septiembre. Dentro de 26 días, justo en medio de las fiestas de Santa Tecla, se conocerá si hay ofertas para renovar el actual contrato de la recogida de la basura y la limpieza viaria. El momentum será a las 14 horas. Será en ese instante cuando se cerrará la tercera licitación del servicio en menos de un año y se definirá, al fin, si el Ayuntamiento puede actualizar su mayor contrato municipal, que ascenderá hasta los 233,8 millones de euros durante una década, a razón, pues, de 23,38 millones al año.
La última vez que Tarragona logró sacar a concurso con éxito este servicio fue en 2002 –bajo el mando del alcalde Joan Miquel Nadal (CiU)–, cuando en mayo de ese año se adjudicó por 9,1 millones de euros. En 2010 se decidió ampliarlo hasta 2022 para cumplir con los cambios tecnológicos necesarios para la recogida selectiva. 21 años y dos alcaldes después (el socialista Josep Fèlix Ballesteros y el republicano Pau Ricomà), la renovación de la contrata fue una de las grandes polémicas de la pasada campaña y precampaña de las municipales del pasado 28 de mayo, así como del inicio del primer curso político del nuevo mandatario de la Plaça de la Font: Rubén Viñuales.
Concursos desiertos, recursos...
Así, después de convocar el concurso público hace un año, en diciembre de 2022 se hizo público que el primer proceso había quedado desierto: ninguna empresa del sector presentó oferta alguna. En ese momento, tras la sorpresa inicial, el gobierno local –entonces formado por ERC, Junts y CUP con Ricomà a la cabeza– inició una ronda de contactos con diversas firmas para modificar varias de las condiciones. En este sentido, se acordó flexibilizar algunos requisitos, como la duración del contrato –pasando de 9 a 10 años–, reducir el número de lotes de 3 a 2, facilitar la amortización de las inversiones o incrementar el pago de gastos generales del 5% al 7%. En esta línea, el 8 de mayo –20 días antes de los comicios y ya con el contrato en fase de continuación tras caducar– la sede electrónica del consistorio publicó el segundo intento para renovar la concesión. En teoría, el plazo para recibir ofertas finalizaba el 7 de junio, pero contra todo pronóstico el 26 de mayo el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic aceptó dos recursos presentados contra el pliego y ordenó paralizar la tramitación. Segundo mazazo.
Posteriormente, ya con el nuevo gobierno socialista, el pasado mes de julio se aprobó impulsar el tercer intento, que incrementa en 931.000 euros al año el presupuesto anual de los lotes. Asimismo, se prevé un aumento de los precios de inversión, a causa de la inflación disparada desde verano de 2022, subiendo el tipo de interés del 2,5 al 4,5%. También incluye el concepto de «mantenimiento» en la fórmula de revisión de precios.
Ahora, el plazo para presentar ofertas finaliza el famoso 18 de septiembre... a no ser que haya algún nuevo contratiempo en el que sin lugar a dudas ya es el Expediente X de la Plaça de la Font. ¿A la tercera será la vencida? La respuesta, en menos de cuatro semanas.
