El 12 de diciembre de este año acaba –al menos, oficialmente– su presidencia al frente de la Audiencia Provincial de Tarragona. No sabe si tendrá que seguir en el cargo porque desde hace años no se realizan nombramientos al estar caducada buena parte del Consejo General del Poder Judicial. Joan Perarnau Moya (Berga, 1965) no tenía ningún antecedente en la familia en el mundo de la Judicatura. Cuando hacía las oposiciones fue juez sustituto en La Seu d’Urgell. Y cuando las aprobó, se fue a La Bisbal d’Empordà. En 2003 dio un salto a Tarragona y se incorporó a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial –la única que había penal–. A finales de 2006 pasó a la Sección Tercera y desde 2019 preside la Audiencia.
El mundo judicial, especialmente el que tiene sede en Madrid, está muy convulso desde hace meses (o años)...
Es verdad. Porque todo se judicializa excesivamente. Y nos hemos convertido en un foco de atención en temas que no se deberían focalizar.
¿Estas batallas que se libran en las altas esferas perjudican la imagen de la Justicia que se hace en audiencias provinciales o en los juzgados de ciudades como Tarragona?
Nosotros estamos lejos de este foco mediático y, en cambio, muy cerca de los problemas que tienen los ciudadanos de la provincia de Tarragona.
¿Cree que los ciudadanos, al ver estas pugnas, van perdiendo la fe en la Justicia, la ven politizada?
No lo creo, en el sentido de que la estadística lo desmiente. Cada vez tenemos más casos, más trabajo, más asuntos. Por lo tanto, el hecho de que cada vez más la gente acuda a la Justicia supone que hay una confianza en ella. Yo creo que el desprestigio deriva más de la lentitud y de los problemas que existen en el día a día. Pero no detecto ninguna falta de confianza en la Justicia, al menos a nivel provincial, donde yo trabajo.
¿Tarragona tiene desbordados la mayor parte de sus órganos judiciales?
Sí. La planta de Tarragona, al igual que la de Catalunya, no alcanza ni tan siguiera la media de la planta judicial a nivel estatal. Por lo tanto, tenemos menos órganos judiciales y jueces de esa media. Eso supone una sobrecarga de trabajo y que los órganos judiciales de la provincia estén en su mayor parte tensionados por dicha carga de trabajo.
¿Tensionados?
Tenemos el 90 por ciento de los órganos judiciales, o más. Salvo cuatro o cinco Juzgados, el resto está por encima del módulo de trabajo que como ideal fija el Consejo del Poder Judicial.
«Salvo cuatro o cinco Juzgados, el resto están por encima de la carga de trabajo que marca el Consejo del Poder Judicial»
La mayoría de órganos judiciales de la demarcación están a la cabeza de Catalunya en tasa de resolución de casos, pero la situación sigue siendo mala. ¿Cómo se soluciona el problema?
Creando más órganos judiciales y disminuyendo en lo posible la entrada de asuntos, utilizando sistemas alternativos de resolución de conflictos. Se está impulsando mucho la mediación y ello nos tiene que permitir disminuir la entrada en determinadas jurisdicciones. En el penal, no.
¿Cuántos órganos judiciales de nueva creación hacen falta?
En 2023 solo se ha creado uno, el Juzgado Social 4 de Tarragona. Preveo crear el 1 de enero de 2025 tres nuevos: Juzgado de lo Penal de Tarragona o dos en El Vendrell, Juzgado Social 2 de Reus y uno de Primera Instancia en Tarragona, que podría llevar quizás también asuntos mercantiles. Este último está más en duda, porque tenemos que estudiar dónde lo ubicamos y qué materias le encomendarían.
¿Hay asuntos para que la Audiencia Provincial tenga una tercera sala penal?
Sí. Y lo voy a pedir. De momento, se pedirá un magistrado más para, a corto plazo, solicitar una tercera sala penal. Pero tengo problemas para encajar magistrados.
¿Los Juzgados de Instrucción están preparados para causas como Inipro o Innova?
Los Juzgados de Instrucción no están preparados para macrocausas, aunque tienen a día de hoy medios para afrontar alguna macrocausa al año. El principal problema de las macrocausas, respecto de las cuales yo no soy partidario, es tanto legal por la complejidad que legalmente va a generar, como de utilización de recursos materiales y humanos. Respecto de estos últimos podemos proveer mayor recursos y, de hecho, lo hemos hecho, como en el caso de Iqoxe. Era el típico asunto que podría haber estado una década en instrucción y que se evitó reforzando con un juez el Juzgado de Instrucción que lo investigaba. Este tiene que ser el remedio cuando nos afrontamos a estas macrocausas.
«En el primer trimestre de 2025 se juzgará el caso Inipro. Queríamos que fuese este año pero ya hay cuatro macrocausas señaladas»
¿El juicio de Inipro se podrá hacer en alguna sala del Palau de Justícia?
Sí. Este juicio junto con otros con numerosas partes provoca problemas logísticos, de manera que todos estos macrojuicios tuvieron que ser suspendidos en época de pandemia por insuficiencia de espacio lo suficientemente amplio. Pero a día de hoy tenemos una sala lo suficientemente amplia para poderse celebrar.
¿Y cuándo será?
A principios de 2025, el primer trimestre sí o sí. Inicialmente pensaba que podría ser este año, pero ya están fijados cuatro macrojuicios: Innova, de la autoescuela de Tortosa, otro de prostitución y Parc Central.
Usted preside la comisión provincial de la Policía Judicial. Desde hace tiempo, uno de los temas que hay encima de la mesa son las plantaciones de marihuana, que ha conllevado la implantación de grupos criminales en la demarcación. ¿Cómo se puede frenar esta lacra?
Se puede trasladar el problema; solucionar, nunca. Y para trasladarlo a otros países o a otras zonas requiere presión policial y judicial. Se está trabajando en ello con gran colaboración entre todos los cuerpos y fuerzas policiales. Pero es verdad que si bien podemos decir que no hay incremento de los cultivos, no hay tampoco una reducción significativa de los mismos. Reducción que esperemos que se produzca en los próximos años a través de esta presión de la Policía y de las investigaciones judiciales.
Usted reconocía que el cultivo de marihuana no genera gran alarma social. ¿Cree que puede pasar lo mismo que en Andalucía con el contrabando de hachís y tabaco?
Este tipo de delitos generan mafias, estructuras organizadas para su realización. Actualmente, estas mafias son extranjeras. Y lo que se debe evitar es que sean autóctonas, que el problema no arraigue en el territorio con gente del territorio. Mientras las mafias sean extranjeras se puede proceder al traslado del delito a otras zonas. Cuando la mafia es autóctona es ya de muy difícil solución. Entonces aparecerán otros problemas relacionados con el tráfico de armas, con el uso creciente de armas de fuego, homicidios, etc.
Muchos de los detenidos, después de pasar un tiempo en prisión preventiva, salen en libertad a la espera de juicio. Y ya no se ven más. ¿Cree que esta situación todavía alienta más a las mafias?
El principal aliciente es la escasa punibilidad que tiene en el Código Español este delito, comparándolo con las penas que hay en otros países, que son superiores. En segundo lugar, también, obviamente, las dilaciones en materia de instrucción y enjuiciamiento que sufrimos. Es cierto que buena parte de los detenidos son extranjeros, fundamentalmente albaneses, marroquíes, y empiezan a aparecer de países sudamericanos. Ello complica tanto la investigación como el posterior enjuiciamiento.
«Soy partidario de aumentar las penas por tráfico de marihuana. No ya por perseguir este delito, sino incluso por razones sanitarias»
Me comentaban que había un embudo en los análisis de la droga. Y que esta tardanza es lo que provocaba que los detenidos saliesen en libertad provisional...
Es cierto. El análisis de las muestras de las sustancias incautadas puede tardar más de medio año. Ello supone la necesidad a veces de excarcelar a los que están en prisión preventiva con las consiguientes dificultades para su localización para que cuando se pueda realizar el juicio.
¿Es partidario de incrementar los pena para este delito de tráfico de sustancias estupefacientes que no causan un grave daño a la salud?
Totalmente. Además, no ya por una razón de persecución de este delito, sino incluso por razones sanitarias. El consumo de estas sustancias que en principio son consideradas que no dañan gravemente a la salud suelen ser la vía de entrada para el consumo de otras que sí lo dañan. En segundo lugar, apreciamos claramente que el consumo de estas sustancias en edades tempranas, de 13 y 14 años, están generando graves enfermedades mentales en los jóvenes que están en periodo de crecimiento y formación. Y finalmente, se ha notado que estas sustancias cada día se las está dotando de mayor efectos adictivos, de manera que no es lo mismo las que se consumían hace 10 o 20 años que las que se están ofreciendo en el mercado actualmente. Estas, a través de modificaciones genéticas y mezcla con otras sustancias, tienen un poder adictivo que multiplica el que tenían hace una década.
Durante el año también se dispararon los crímenes y las agresiones sexuales...
Mucho. Tuvimos 12 homicidios/asesinatos, frente a los nueve de 2022. Además, hay más de 50 casos que quedaron en tentativa.
También es preocupante las agresiones sexuales: entre 400 y 500 durante el año pasado. De ellas, en el 43% de los casos la víctima era menor de edad. Por suerte, se resuelven el 80% de los casos.
¿El actual Palau de Justícia ha tocado ya fondo en cuanto a su capacidad para albergar órganos judiciales u oficinas?
Por supuesto. El edificio, que se inauguró en 1972, ya quedó insuficiente hace muchísimos años, hasta el punto de que desde hace muchos los juzgados se reparten en ocho sedes. Es un edificio completamente inoperativo.
Hablemos del Fòrum Judicial. ¿Cree que podrá inaugurarlo como presidente de la Audiencia Provincial?
El futuro Fòrum, si todo va bien, no estará inaugurado hasta el año 2028. Por tanto, no sé si en esta fecha continuaré en el cargo o ya habré cesado.
Desde hace años, las secciones penales juzgan los casos con años de retraso (excepto las causas con presos). Hace un año decía que tardaban tres años en los asuntos penales y 18 meses en los civiles. En la mayoría de sentencias se aprecia la atenuante de «dilaciones indebidas». ¿Eso es Justicia?
Es una realidad. El Código Penal contempla como atenuante muy cualificada las dilaciones indebidas y en nuestro caso existen. De manera que actuamos estrictamente con el Código Penal. Este año vamos a juzgar casos muy antiguos, como Parc Central, que es un asunto de hace casi 20 años. Y por tanto, las penas se tienen que adecuar, que no tendría que existir, pero existen.
La Sección Segunda de la Audiencia, de carácter penal, tenía hace un año más de 500 causas por juzgar, algunas de ellas complejas. El tiempo de espera para señalar un juicio era de tres años. Usted calificó la situación de «catastrófica».
A día de hoy todavía es más catastrófica la situación de las secciones penales. Tienen 1.004 procedimientos por enjuiciar entre las dos salas: 603 la Segunda y 294 la Cuarta –más lo que estn entrando–. Teniendo en cuenta que nuestra capacidad de resolución se mueve alrededor de los 270-280 asuntos año, quiere decir que a día de hoy, si no entrara más trabajo, tenemos ya juicios para los próximos tres años.
Quiero iniciar un plan de choque, que no es solamente pedir una nueva sección penal, sino pidiendo un nuevo magistrado para las salas penales. Y estamos estudiando incluso hacer juicios por las tardes.
Ha habido momentos en que no tenía jueces sustitutos en la bolsa de la provincia y ha tenido que acudir a la de Catalunya.
A día de hoy, todas las bolsas de sustitutos están vacías. Ni hay disponibilidad de jueces en Tarragona ni en la bolsa general de Catalunya. Además, ni tan siquiera las plazas de magistrados suplentes y jueces sustitutos están cubiertas. Esto también es un problema de funcionarias y las bolsas también están vacías, de manera que se están cubriendo bajas de funcionarios a dos y tres meses. Se tiene que incidir especialmente a nivel universitario para que aquellos alumnos especialmente en materia jurídica, en Derecho, puedan y quieran acceder a trabajar en la Administración de Justicia, donde hay plazas para cubrir a todos los niveles, desde funcionario a juez.
¿Hay Juzgados sin juez?
Sí, cuatro: dos de lo Penal en Tarragona, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer (VIDO) de Reus y Primera Instancia e Instrucción 3 de Valls.
¿Cuántos jueces y magistrados de plantilla tendría que haber en la demarcación que ahora no tiene?
Tenemos 95 en la provincia y lo ideal serían diez más.
