Igual que le sucediera en 2007 al exalcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC), el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) es también uno de los principales retos que debe afrontar Rubén Viñuales (PSC) en su primer mandato como máximo responsable de la Plaça de la Font. Ballesteros lo hizo por las posibles expropiaciones previstas, lo que provocó una enorme crisis ciudadana que derivó en una revisión a fondo del plan urbanístico, mientras que ahora debe diseñarse un nuevo plan a raíz de la anulación del que estaba vigente hasta octubre de 2020, fecha en la que lo anuló el Tribunal Supremo.
El exlíder socialista tomó hace 16 años el histórico relevo de Joan Miquel Nadal (CiU), que todavía bajo su mandato aprobó inicialmente el esperado Plan General solo dos semanas antes de las elecciones municipales de mayo de 2007. Ese verano, el primero en el que Ballesteros ostentaba la vara de alcalde, la psicosis se apoderó de la ciudad, hasta el punto de que se organizó una Coordinadora d’Afectats del Pla General que calculó que había unas 1.500 familias que podían tener sus casas en peligro.
Tanto era así que en el periodo de exposición pública se presentaron 4.387 alegaciones, muchas de procedentes de vecinos de la Avenida Andorra y República Argentina –que podían tener 450 viviendas en vilo–, el Teatre Romà (350), la calle Vimbodí (100), la calle Covadonga (100) y la Muntanyeta (100).
Había gobierno de mayoría
Ballesteros tardó un año y medio en llevar al pleno la aprobación inicial revisada del POUM, que se realizó el 21 de noviembre de 2008 con un «sí» unánime de socialistas, CiU, ERC y PP. Se trata, más o menos, del mismo calendario que ahora vislumbra Viñuales. ¿La diferencia? Que Ballesteros contaba con un gobierno formado por 15 de los 27 concejales del Saló de Plens –gobernaba con ERC–, mientras que ahora los socialistas gestionan con solo nueve ediles. Mala peça al teler.
Sin embargo, lo peor llegó después. Las expectativas de noviembre de 2008 se fueron congelando, hasta el punto de que el último trámite municipal antes de enviar el documento a la Generalitat no se aprobó hasta el 31 de enero de 2011. En ese momento, el plan fue revisado en profundidad por los técnicos autonómicos, que lo avalaron a cambio de exigir más de 600 cambios al Ayuntamiento. Esa petición se hizo en plena crisis económica y de recursos humanos, lo que obligó a retrasar la aprobación del Text Refòs del POUM al 28 de septiembre del 2012. Ya el 24 de enero de 2013 se dio un OK definitivo al documento que, sin embargo, no pudo entrar en vigor hasta el 5 de julio de 2013, que es cuando el plan se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), poniendo de esta forma el punto y final a una larga odisea de cinco años.
