No solo el sector turístico de la Costa Daurada ha mostrado su oposición frontal a la regulación de pisos de la Generalitat. También ayuntamientos de la provincia se han añadido a la movilización contra un polémico decreto que persigue reducir el número de inmuebles de uso turístico en Catalunya con el fin de «garantizar el acceso a la vivienda».
Ese rechazo se escenificó ayer con la firma de un manifiesto en Barcelona contra el Decreto Ley. Liderados por algunos núcleos de la Costa Daurada, la convocatoria reunió también a representantes de municipios más pequeños, por ejemplo, de las Terres de l’Ebre.
Unos 20 alcaldes de localidades turísticas de costa y de interior de Catalunya firmaron ayer el manifiesto, que critica la normativa por «invadir competencias urbanísticas municipales y vulnerar el principio de igualdad entre municipios». Los firmantes destacan el impacto económico negativo de la regulación sobre las economías locales. Señalan que las viviendas representan un 39,4% de la oferta de alojamiento en Catalunya y contribuyen a la economía local. De Tarragona han firmado por ahora Salou, L’Ampolla, L’Ametlla de Mar, Deltebre, Calafell y L’Hospitalet de l’Infant-Vandellòs.
«Es un decreto sin consenso. Las segundas residencias de L’Ametlla no van a ir al alquiler habitual», explica Eva del Amo, alcaldesa de L’Ametlla de Mar
Todos ellos denuncian que cada municipio tiene sus propias características y que la eliminación de un parque turístico tan grande será un duro golpe para las economías locales. Francesc Arasa, alcalde de L’Ampolla (Baix Ebre), es uno de los firmantes del posicionamiento: «Estamos en contra del tipo de regulación que se está haciendo. No en todo el país afecta igual. En el Ebre, por ejemplo, la aplicación no puede ser la misma que en grandes ciudades. Aquí no hay una gran presión, no hay falta de vivienda de alquiler».
«Aquí no hay plazas hoteleras»
En L’Ampolla ya tienen definido el cálculo. De las 694 viviendas turísticas, algo más de 300, prácticamente la mitad, quedarían eliminadas. «A nivel económico es una aportación importante. Estos alojamientos son una forma de alargar la temporada turística. Además, hay que tener en cuenta que en esta zona no hay una gran cantidad de plazas hoteleras y por eso los pisos son importantes».
El manifiesto alerta de que «las consecuencias son un impacto en la pérdida de negocio, de competitividad y de puestos de trabajo»
En la misma línea opina Eva del Amo, alcaldesa de la población vecina, L’Ametlla de Mar: «Se ha hecho un decreto sin tener en cuenta ni consensuar nada con los ayuntamientos y eso supone vulnerar el derecho de autonomía que tenemos como entidades. Aparte de eso, afecta muchísimo a la economía, a la del propio ayuntamiento en cuanto a las tasas pero también a la economía circular del propio municipio».
Los ayuntamientos instan al Govern a «dejar sin efecto el decreto y llegar a un consenso»
Eva del Amo sostiene que «hay muchas familias con este tipo de viviendas, que son muy importantes, porque aquí, además, no hay muchos hoteles». La proyección en esta localidad también apunta a un ‘tijeretazo’ contundente. Las 1.950 viviendas de uso turístico descenderían a 711, menos de la mitad. «Además, tendríamos el problema como ayuntamiento de seleccionar cuáles sí y cuáles no. Ahí sí tendríamos autonomía como municipio», ironiza.
«No hay masificación»
La edil ebrense cree que el objetivo al que aspira la Generalitat con la nueva norma no se va cumplir: «Al menos en L’Ametlla de Mar casi la totalidad de viviendas son segundas residencias que, si no se destinan al turístico, no van a ir al alquiler habitual. Quizás sí faltarían viviendas de protección oficial que se tendrían que impulsar desde la administración».
El concejal de urbanismo de Cambrils, Enric Daza, pone en valor el modelo de vivienda de alquiler «de usuario familiar, sin problemas de tensionamiento» y se muestra igualmente muy crítico, a pesar de que el municipio no se ha adherido: «La Generalitat está usando una norma para todos y el modelo de Cambrils no es de masificación. La ciudad ha demostrado que tiene un modelo de vivienda turístico diferenciado, no tenemos el término municipal tensionado. Los pisos turísticos no están concentrados en el casco urbano ni se producen los problemas de orden público que se dan en otras localizaciones».
«Estamos en contra de esta regulación. No en todo el país afecta por igual. En el Ebre no hay un problema de presión», sostiene Francesc Arasa, alcalde de L’Ampolla
Daza remarca que «hay territorios donde puede haber un exceso de licencias pero Cambrils no es el caso» y ataca al Govern: «Esta modificación es otro ejemplo de centralismo normativo. Los propietarios no han sido informados y se obliga al ayuntamiento a modificar su planteamiento municipal, un proceso largo que tiene costes económicos».
262 municipios afectados
La entrada en vigor del decreto ley implica que los poseedores de una licencia de piso turístico dejarán de disponer de ella de forma permanente, como hasta ahora, y deberían lograr una licencia urbanística dentro de los próximos cinco años para mantenerla. Hasta ahora bastaba con un comunicado. Cada cinco años deberán renovarla.
La norma afectará a 262 municipios que suman 95.000 de los 102.000 pisos turísticos en Catalunya. Ningún municipio catalán podrá tener más de 10 pisos turísticos por cada 100 habitantes.
El manifiesto argumenta que «establecer una relación directa entre el número de viviendas turísticas y la disponibilidad de viviendas para los residentes es una simplificación engañosa de la realidad». Los firmantes piden a la Generalitat un «enfoque más responsable y realista respecto a la problemática de la vivienda» e instan al ejecutivo a considerar no solo la población empadronada, sino la flotante y vacacional, cuando se evalúan los efectos de la regulación.
«Es una intromisión. No puedes poner a todos en el mismo saco», apunta Héctor Simón, director de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV
El manifiesto destaca la necesidad de un enfoque «más equilibrado que tenga en cuenta las necesidades de vivienda y la importancia del turismo para la economía local». Argumenta que es posible encontrar «un equilibrio». En el texto firmado, alertan de que «las consecuencias negativas para la economía local son evidentes, con un impacto directo en los ingresos de pequeños propietarios e indirecto sobre la economía turística, con una pérdida de negocio, de competitividad y de puestos de trabajo».
«Perjuicio para empresas»
Los municipios mantienen que la medida «fomentará las viviendas vacías y más economía sumergida, además de un perjuicio para comercios, restaurantes y otras empresas y negocios». Instan «al Govern a dejar sin efecto el decreto hasta llegar a un consenso con los municipios y los sectores, donde se clarifique el alcance y los criterios de la normativa, teniendo en cuenta la diversidad y las particularidades territoriales y locales».
Desde el punto de vista académico, el director de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV, Héctor Simón, critica el decreto «porque se basa en una premisa, que es la de los efectos directos sobre la dimensión del mercado de alquiler habitual y permanente y eso no tiene por qué ser así, y de hecho hay estudios que lo ponen en duda». Simón sostiene que una «limitación de estas características es una intromisión que se debería justificar municipio por municipio, no puedes poner a todos en el mismo saco».
