Los Mossos niegan que se cometiera ningún delito en el operativo del pistolero de Tarragona

El sindicato USPAC pide al Govern que «no llegue a ningún acuerdo» con la familia
de Sabau después de la querella criminal presentada por la hermana del exvigilante

13 noviembre 2023 19:44 | Actualizado a 13 noviembre 2023 20:03
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La Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (USPAC) niega que los Mossos d’Esquadra cometieran delito alguno durante la detención del pistolero de Tarragona el 14 de diciembre de 2021. El sindicato del cuerpo de seguridad de la Generalitat asegura que la intervención de «todos y cada uno» de los agentes que intervinieron en la operación para arrestar a Eugen Sabau, que primero disparó en Tarragona contra tres excompañeros de Securitas y posteriormente hirió a un mosso en una rotonda de Maspujols, fue «loable» para «detener a un asesino que quería provocar una matanza».

La reacción de USPAC llega tras conocer la información avanzada este lunes por el Diari de que la hermana del exvigilante fallecido en agosto de 2022 tras solicitar la eutanasia a raíz de la neutralización en una masía de Riudoms, ha presentado una querella criminal contra los Mossos d’Esquadra, al considerar «desproporcionada» la acción para arrestar a su hermano, resultando «gravemente herido» con un resultado de «tetraplejia», según se indica en la querella.

Eugenia Ciocan ha ratificado este lunes la denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Reus, una vez que el pasado 4 de octubre el juez del organismo del Baix Camp, Adriano Muñoz Olmos, incoara el auto para abrir diligencias previas para investigar los presuntos delitos expuestos por la familia del pistolero.

El sindicato anuncia una querella por «denuncia falsa» cuando «se archive el proceso»

De hecho, en la resolución, el magistrado ha solicita el informe forense de la muerte del exvigilante, así como el expediente administrativo de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya. Paralelamente, también pide la declaración de 16 miembros de los Mossos. Así, Adriano Muñoz quiere escuchar en calidad de denunciados a 11 policías que participaron en el operativo, así como la del Cap de l’Àrea d’Investigació, el inspector Francesc Moragues, como testigo. El magistrado también requiere la presencia de otros cuatro agentes en calidad de testigos.

Asimismo, el juez quiere escuchar a dos doctores del Hospital de Bellvitge, así como a otros dos de la Vall d’Hebron, que fueron los que trataron al pistolero tras la «lesión medular severa» y la «amputación de una pierna» porque en su interior «estaba llena de metralla», lo que le produjo «una fascitis necrosante» que fue imposible tratarle en el Hospital de Bellvitge, según recalca la familia del exvigilante en la denuncia presentada y ratificada este lunes.

¿Y las indemnizaciones?

USPAC, que está personada como acusación de los agentes que intervinieron en la detención de Eugen Sabau, asegura «no tener conocimiento» de que el juzgado haya admitido a trámite la querella «ni que haya ningún compañero investigado». Pese a ello, fuentes del sindicato afirman que, si el magistrado da trámite a la denuncia –como hizo hace semanas mediante el auto de incoación del 4 de octubre– «compareceremos en defensa de todos los compañeros que intervinieron», incluidos los del Grup Especial d’Intervenció (GEI).

La familia del pistolero ratifica la querella. El juez cita a declarar a 16 agentes autonómicos

Asimismo, USPAC se muestra contundente sobre la querella de la familia contra los agentes que participaron en el operativo en la rotonda de Maspujols y la masía de Riudoms. En este sentido, desde el sindicato se anuncia que «en caso de que exista un solo agente investigado y se archive el procedimiento, se interpondrá una querella por denuncia falsa».

Asimismo, los representantes de los Mossos afirman que «la familia ha rechazado hacerse cargo de las indemnizaciones a los heridos del señor Sabau», por lo que a día de hoy estos policías «están esperando que lo haga el Departament d’Interior».

Finalmente, USPAC reitera que «no aceptamos ninguna responsabilidad penal» en los hechos del 14 de diciembre de 2021 e insta a la Generalitat «a que no llegue a ningún acuerdo con los denunciantes, tal y como ya ha sucedido otras veces».

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