El buscar objetos con un detector de metales se ha convertido en los últimos años para muchos en una distracción. Es fácil ver a estas personas en la playa cuando la mayoría de bañistas la ha abandonado en busca de alguna pieza perdida. Para otros, esta práctica les supone una fuente de ingresos porque la han asumido como su modus vivendi. Pero en este caso, su ámbito de actuación son los yacimientos arqueológicos repartidos por la geografía tarraconense. El Pont del Diable, la Vil·la Romana dels Munts en Altafulla, la ciudad íbera de Banyeres o el yacimiento de Mas Rovira de Cambrils son algunos de los puntos donde los cuerpos policiales y los agentes rurales han detectado –y en su caso denunciado o detenido– a diversas personas.
Los furtivos son cada vez más, reconoce al Diari un agente. Si antes se detectaban de forma esporádica, actualmente los localizan con más frecuencia. Por ejemplo, los agentes rurales entre sus cometidos principales –cuando vuelvan a la normalidad después de la pandemia de coronavirus– está hacer un seguimiento y rutas por los yacimientos, según el convenido supervisado con el Departament de Cultura de la Generalitat.
La red extendida
Los infractores son tanto ciudadanos españoles como extranjeros. «Hay expoliadores profesionales, que están inmersos en una red o mafia, con contactos en diferentes comarcas», recalca un agente. Añade que este incremento de la actividad delictiva se puede detectar por la cantidad de anuncios de piezas arqueológicas que se pueden encontrar a través de las redes sociales.
Para buscar en un terreno privado se necesita permiso del dueño y de la GeneralitatEn el caso de la demarcación de Tarragona, no hay una zona conflictiva concreta. Se han detectado movimientos en diferentes restos arqueológicos, como el de Els Munts o en el Pont del Diable. Suelen ser muchas veces espacios con vestigios romanos.
Está completamente prohibido utilizar estos detectores en zonas de yacimientos. Y si alguna persona tiene dudas puede consultar el listado que está publicado en la web del Departament de Cultura. Pero no solo no se puede sobre los lugares con vestigios sino tampoco en lo que se denomina zona de influencia de la protección.
Una persona que disponga de un detector de metales lo puede hacer servir en un terreno privado siempre que tenga el permiso –por escrito– del dueño de la propiedad y también de la Direcció General del Patrimoni Cultural –estas autorizaciones son muy excepcionales y siempre en el marco de un proyecto de investigación–.
En el caso de que la persona no disponga de estas autorizaciones, será denunciada según prevé la Llei de Patrimoni Cultural. Asimismo, se procede al decomiso del detector, de las herramientas empleadas –azada, pico, GPS, etc– y de los objetos que puedan ser considerados con valor arqueológico que los agentes hayan encontrado en el registro de la persona, vehículo y también en el lugar cercano donde haya estado actuando el detectorista. Este comiso será cautelar en el caso de que el expoliador se encuentre en un lugar con indicios de ser un yacimiento, pero que no está catalogado o bien sea un punto con indicios de ser un yacimiento.
El listado con los lugares prohibidos para buscar se puede consultar en el Departament de CulturaPero en el caso de sospechas de que exista un expolio en un yacimiento arqueológico y también al patrimonio, los agentes rurales lo ponen en conocimiento del Departament de Cultura y del Ayuntamiento. Y en el caso de que el infractor sea conocido y haya sido identificado, los agentes abren diligencias penales.
Después de las últimas llevantades, aumentaron el número de buscadores en las playas. En este caso, todo lo que encuentren lo tienen que poner en conocimiento del Ayuntamiento o del Departament de Cultura antes de 24 horas.
