La juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Tarragona, Natalia Jiménez Rodríguez, obliga al Ayuntamiento a «devolver» a la empresa que gestiona el servicio de la basura y la limpieza viaria –FCC– un total de 60.101 euros «más los intereses de demora». Esta cantidad se suma a los 145.000 que los tribunales ya instaron a devolver por otras multas impuestas por la administración local a la firma en 2019, que fueron ratificadas en 2021.
De momento, y tras las polémicos de los últimos años, hasta ahora en todos los procedimientos judiciales abiertos el juzgado ha dado la razón a la compañía que gestiona el mayor contrato municipal desde el año 2002, por valor de más de 20 millones de euros.
«Falta de imparcialidad»
A día de hoy, los casos que han llegado al contencioso-administrativo se han resuelto a favor de FCC porque los jueces estiman que en los informes administrativos realizados por una técnica municipal sobre las posibles irregularidades detectadas habría «la sospecha de falta de imparcialidad», ya que dicha especialista realizó los estudios menos de dos años después de haber trabajado en la compañía privada.
Así lo entiende la magistrada en una de las sanciones impuestos que posteriormente fueron recurridas. En una de las resoluciones, la juez indica que «en el informe del 21 de marzo del 2019 puede apreciarse que dicha técnica no se limita a recoger las consideraciones técnicas y recomendaciones realizadas en el ámbito de la auditoría de servicios», sino que «se posiciona, introduciendo un juicio de valor, al indicar desde un primer momento que aquellas situaciones eran constitutivas de incumplimientos, proponiendo penalidades».
Este fue el argumento por el que, hace semanas, una magistrada obligó al consistorio a anular tres acuerdos de sanciones por valor de 145.000 euros. Por ello, según se indica en la última resolución judicial del pasado 6 de marzo, se detalla que «la parte demandada –el Ayuntamiento– se allana a la demanda», lo que se traduce en un «desistimiento» al observar el posicionamiento de los jueces, lo que lleva a la magistrada a «estimar» el recurso presentado por FCC y condenar al consistorio a devolver el dinero.
Fuentes del Ayuntamiento de Tarragona aseguran al Diari que, por una parte, lógicamente se acata la sentencia, pero que, paralelamente, se reabrirá el expediente sin la participación de la técnica que, hace años, trabajó en la empresa FCC.
