Finalmente, ya hay cifra. Después de semanas de incertidumbre, de hacer números y de plantear distintos escenarios e hipótesis por el nuevo sistema cálculo de la plusvalía a raíz de la sentencia de octubre del Tribunal Constitucional, esta semana los altos funcionarios del Ayuntamiento de Tarragona han dado la fumata blanca a la esperada previsión a incluir en la propuesta del presupuesto municipal del próximo año: entre 4,8 y 4,9 millones de euros. La cifra definitiva se cerrá hoy mismo.
Pese a que el ejecutivo de la Plaça de la Font –ERC, Junts per Tarragona y la CUP– declinó ayer confirmar la cifra al Diari, este periódico ha podido contrastar que esta será la previsión de cobro del tributo que se incorporará a unas cuentas que, pese a no tener aún la mayoría necesaria del pleno garantizada para poder ser aprobadas, serán presentadas esta tarde en rueda de prensa por los ediles Jordi Fortuny y Xavier Puig (ERC), así como por Inés Solé (CUP).
Los 4,8 ó 4,9 millones de euros presupuestados para el próximo año suponen un mazazo de hasta el 40% respecto a los ocho que inicialmente preveían los técnicos municipales antes de la sentencia del Constitucional de hace dos meses. De hecho, en lo que se lleva de 2021 ya se han ingresado más de 7,5 millones, pese a que en las cuentas de este año se incluyó una previsión de lograr cinco. Esta subida se debe a la notable actividad registrada por el sector inmobiliario. De hecho, según los datos hechos públicos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las compras de inmuebles se dispararon en septiembre en un 76% respecto a las cifras del mismo mes de 2020.
A la espera de compensación
El recorte del 40% de los ingresos por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana se traduce, en números totales, en un golpe de entre 3,1 y 3,2 millones de euros para el próximo año. En estos momentos, la esperanza del ejecutivo liderado por el alcalde Pau Ricomà (ERC) es que el Estado español acuerde el fondo extraordinario y de compensación permanente que Esquerra Republicana reivindica en las Cortes Generales para ayudar a los ayuntamientos que, de media, perderán entre el 25% y el 40% de la recaudación prevista.
El pasado jueves, el Senado aprobó una moción en este sentido impulsada por la formación independentista, que reivindicaba 1.500 millones de euros para los consistorios, de los cuales cuatro podrían ser para Tarragona. Pese a ello, el texto se sacó adelante en la Cámara Alta con únicamente cuatro votos a favor, 23 abstenciones y uno en contra, por lo que es una incógnita saber si la propuesta será finalmente avalada por el Congreso para poder ser incluida, en último instancia, en el Presupuesto General del Estado (PGE) para 2022. «Si esto tira hacia adelante sería un trago de agua fría, ya que además estamos en un contexto de un 5,6% de inflación», recalcó ayer en Tarragona Ràdio el concejal de Serveis Centrals, Jordi Fortuny (ERC).
¿Subir el precio de los museos?
La rebaja respecto a las expectativas iniciales para la plusvalía se suma a los 2,6 millones que el Consistorio no ingresará de más al no haber podido aprobar las subidas del IBI y de la basura. También se perderá medio millón por los tributos de la Química a raíz del acuerdo de segregación de La Canonja, y otros 530.000 euros adicionales por el IBI de la autopista.
Con todo este panorama, Fortuny reconocía ayer que el presupuesto que hoy se hará público «no gustará», pero que es «mejor» que prorrogar el de 2021. «Tenemos el posible ante el contexto actual. Las ayudas de los Next Generation, por ejemplo, van ligadas a las inversiones que podamos hacer. No las podemos perder. Presentaremos unas cuentas que, más adelante, complementaremos con el posible remanente que logremos», añadió el también primer teniente de alcalde, quien abrió la puerta a subir el precio de las entradas de los recintos patrimoniales «para garantizar su autofinanciación». «Hace tres años se ingresaban 200.000 euros y ahora son 800.000, que aún son insuficientes para garantizar su mantenimiento», recalcó el edil.
ECP: «El 20% en gasto social»
La principal opción del gobierno local para aprobar el presupuesto es En Comú Podem. Pese a ello, ayer la portavoz de los Comuns –Carla Aguilar– aseguró que su formación está «lejos» de avalar las cuentas. Ayer, el exsocio de Esquerra reivindicó su exigencia de que el gasto social de las cuentas para 2022 «sea el 20% del total», así como acordar un plan urgente de choque social. Pese a ello, Aguilar reconoció que aún no se ha sentado a negociar con el ejecutivo.
Tampoco lo ha hecho el posible plan B de Pau Ricomà, el PSC. Su portavoz, Sandra Ramos, lamenta que pese a contar con un primer esbozo de las previsiones, aún desconocen las inversiones previstas. A 1 de diciembre, las cuentas para 2022 siguen congeladas y con un horizonte más incierto que nunca.
