Los profesionales del Centre Penitenciari Obert de Tarragona exigen cambios en el régimen de obertalidad, impulsado desde el Departament de Justícia, Drets i Memòria, el cual persigue la reducción del internamiento penitenciario y favorecer la reinserción.
Este es uno de los aspectos que genera más controversia entre el colectivo, que ayer se reunió en asamblea como muestra del malestar que viven estos trabajadores, que ha emergido a raíz del asesinato de la cocinera de Mas d’Enric. «Las directrices que se plantean no son adecuadas, acorde con las patologías y el perfil de determinados internos que nos llegan y que, en algunos casos, todavía tienen causas pendientes o más de cinco años de condena por cumplir», exponía uno de los funcionarios del centro.
Los profesionales aseguran que el plan impulsado desde la conselleria «supone reinsertar a internos que no están preparados para la vida en sociedad», lo que está comportando que algunos de estos reincidan o que acaben evadiéndose, ya que su situación no estaba resuelta en el momento de pasar a este tercer grado.
«El Departament quiere que un 30% de los internos estén en un medio abierto a cualquier precio y este buenismo produce una tensión y una presión para los profesionales desmesuradas», añadían. Asimismo, estos exponen que las políticas impulsadas desde la administración pública catalana «han supeditado la seguridad a los resultados estadísticos, sin valorar el riesgo que comporta que nos lleguen determinados internos».
Preocupación «máxima»
En la asamblea participaron profesionales de tratamiento, como educadores y trabajadores sociales, psicólogos, personal de mantenimiento, así como el personal de oficina. En esta quisieron transmitir que la preocupación que se está generando entre el colectivo «es máxima» y aquí hay varios elementos que influyen.
En primer lugar, las personas que llevan varios años en este ámbito constatan que se ha producido un cambio en el perfil de los internos, que son más violentos y conflictivos. Y, directamente vinculado a este aspecto, defienden que estos funcionarios sean reconocidos como agentes de la autoridad, ya que supondría un «escudo invisible» de cara a los internos. «Si pegan a un maestro es un delito. Si los que recibimos somos nosotros es una falta», lamentaban.
Por otro lado, durante la asamblea también se exigió un incremento de personal y la cobertura inmediata de la bajas, ya que ahora puede tardarse hasta dos meses. En este sentido, también se puso encima de la mesa la necesidad de incrementar las plazas de responsables CRIMO, es decir, los jefes de régimen interior de medio abierto, que es el máximo referente del centro en ausencia del equipo directivo.
«En los centros abiertos no debería suceder todo lo que está pasando. No podemos cerrar, porque afectaría a los internos, pero lo que se está haciendo no es lo correcto». Por este motivo, de la asamblea de ayer salieron un conjunto de demandas, que ahora van a hacerse extensivas a los profesionales del resto de centros abiertos de Catalunya. El objetivo es marcar una hoja de ruta para que en el momento de abrir el diálogo con la conselleria estén claras las reivindicaciones de las plantillas.
«La sensación es que desde lo de Núria estamos en un punto de no retorno, deben producirse cambios y que suceder alguna cosa porque llevamos más de diez años así», argumentaron.
