El Grup de Recerca d’Indústria i Territori de la URV acaba de publicar el informe ‘Drivers of International Trade in Human Vaccines during the 21st Century’, una investigación pionera en el estudio del comercio internacional de vacunas humanas que analiza la distribución entre 2000 y 2018 y ofrece las claves del próximo y esperado reparto del antídoto contra el SARS-CoV-2.
Ese estudio constata y señala las descompensaciones cada vez más grandes en el comercio internacional de antígenos. «Ha habido una acentuación de los desequilibrios en detrimento de los colectivos más vulnerables –los niños de los países pobres, los residentes en zonas sin agua potable, los países con sistemas sanitarios deficientes–», explica Agustí Segarra, catedrático de Economía Aplicada en la URV, uno de los autores del estudio junto a Mercedes Teruel, profesora de economía también en la Rovira i Virgili y el investigador Sebastiano Cattaruzzo. El análisis bucea en el comercio entre 125 países que representan el 95% de la población mundial. «Los resultados son preocupantes. Desde la crisis de 2008, los países ricos han acaparado casi la totalidad de las nuevas vacunas, mientras que muchas naciones pobres solo pueden acceder a las campañas de inmunización de organismos oficiales como Unicef», diagnostica Segarra.
Desajuste internacional
La ecuación es contundente. El informe sostiene que en los países ricos reside el 15% de la población mundial y registran el 7% de la carga mundial de enfermedades mientras que representan el 82% de las ventas de vacunas humanas. En el otro lado, en los países en desarrollo habita el 85% de la población mundial, padecen el 93% de los casos provocados por enfermedades infecciosas pero solo absorben el 18% de la producción internacional de la inmunización. «Si no fuera por la OMS, la Unicef, las fundaciones privadas o las ONG la situación aún sería peor», desgrana Segarra.
Gracias a esas campañas, se puede controlar la expansión mundial de una serie de dolencias virológicas que aún no están erradicadas como el tifus, el sarampión, la poliomielitis o la fiebre amarilla. «Los países ricos cada vez contribuyen menos a financiar las vacunas de los pobres. Lo hacen porque estas vacunas tradicionales son imprescindibles a la hora de evitar que estas epidemias salten la barrera de sus fronteras», cuenta el catedrático de la URV.
La investigación constata, pues, casi dos décadas de dinámica insolidaria, a las puertas de la producción y distribución de la vacuna más importante para la humanidad en mucho tiempo. ¿Se perpetuará este mercado salvaje, donde los más fuertes imponen los criterios, o las grandes potencias económicas serán conscientes de la dimensión global de la pandemia y apostarán por un comercio más cooperativo y solidario? Responde Segarra: «Durante las primeras semanas de la pandemia, la lucha descarnada entre los países miembros de la UE nos hace ser pesimistas. En cambio, la facilidad en la difusión del virus a lo lago de todo el planeta indica que solo podrá ser erradicado cuando la vacuna llegue también a los sectores más desfavorecidos».
Criterios del mercado privado
Expone el informe de la URV: «Es dramático cómo los países de bajos ingresos han reducido su participación, en contraposición a los países desarrollados. Desde 2008, la producción de vacunas para humanos se ha guiado por criterios del mercado privado en detrimento de los incentivos humanitarios. En consecuencia, las grandes empresas farmacéuticas han reorientado sus actividades de I+D hacia el descubrimiento de nuevas vacunas para países de ingresos altos, mientras que el desarrollo de vacunas maduras ha languidecido».
Segarra denuncia que «la orientación de las inversiones en el desarrollo de las nuevas vacunas destinadas a colectivos minoritarios de países ricos no sería preocupante si no fuera por las propias características de las pandemias y el gran apoyo del sector público a la industria farmacéutica». Es probable, según esas tesis, que la descompensación se alargue en la lucha contra la Covid que, según los investigadores de la URV, «ha dado lugar a una especie de mercado salvaje en el que cada país defiende sus intereses, sin tener en cuenta la dimensión global de la pandemia».
En ese contexto, Estados Unidos, la UE, Japón y Gran Bretaña cierran acuerdos de compra de vacunas con las principales farmacéuticas mientras que países como China o India, uno de los principales fabricantes de genéricos, se muestran más sensibles a licenciar sus patentes con estados como Brasil o Indonesia para facilitar la producción de dosis y la distribución entre lugares de menor renta.
¿Qué papel juega aquí la OMS en este entramado? «Hay una pérdida de influencia de organismos que garantizaban el carácter colectivo en detrimento de los intereses de la industria farmacéutica», sostiene Segarra.
Consciente de esa dificultad para llegar a acuerdos, la OMS ha impulsado una iniciativa llamada Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra la Covid-19 (Covax) donde toman parte 92 países de ingresos bajos. Unicef será el ente responsable de coordinar la compra de los antígenos. «Desafortunadamente, ni las grandes compañías farmacéuticas ni los países más acomodados se han comprometido mucho en este reto que pretende no discriminar en función de la capacidad de compra de los estados», lamenta Segarra.
La pérdida del peso público en la OMS es otro factor a tener en cuenta. «Cada vez las donaciones de las fundaciones privadas, las ONG y las farmacéuticas es mayor. Por encima de todos los donantes privados destaca la fundación Bill & Melinda Gates, que aportó a la OMS en 2015 185 millones de dólares. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esa contribución, esta fundación donó 95 veces más que España. Esas aportaciones no son negativas en sí pero de alguna manera condicionan y distorsionan», cuenta Segarra.
Más allá de la vacuna, la desigualdad y la feroz competencia también se han visto estos meses en el mercado sanitario global. «En una situación de presión como la que hemos vivido, los gobiernos sacan lo peor de sí mismos. Esta crisis está dejando al descubierto la cara más insolidaria del proyecto europeo, así como algunas de las debilidades de sus mecanismos de gobierno. Basta con observar las medidas adoptadas durante las primeras semanas de la pandemia por algunos de los socios fundadores de la UE, en particular países como Holanda, Alemania y Francia, los cuales se saltaron los principios fundamentales del proyecto europeo y vulneraron las normas más elementales del mercado único», concluye Segarra.
