Un presunto timo durante diez años. Es de lo que acusan los vecinos de la urbanización Mas de Gerembí del Catllar a su exadministrador. Denuncian que, durante los cerca de veinte años en los que estuvo trabajando para la urbanización, retiró unos 120.000 euros «sin justificación», siempre presuntamente. El Diari ha contactado con la persona acusada, quien ha preferido no hacer declaraciones.
¿Cómo empezó todo? Hay que remontarse hasta el 2013. En noviembre, se realizó la última asamblea con el antiguo presidente, quien falleció en el 2015. La siguiente junta de vecinos se llevó a cabo años después, el 28 de julio de 2017. En la convocatoria de dicha reunión, aparecía un vecino como presidente accidental y que no había sido votado.
La que en ese momento era vicepresidenta, aparecía como vocal: «Entre 2014 y 2017, no se convocó ninguna junta, con lo cual, es imposible que ese vecino fuera el presidente», apunta el ahora máximo responsable, Koldo Olalla. En aquella reunión, se eligieron nuevos mandatarios, «pero el administrador no hizo caso a la presidenta entrante, no le dio ni poderes ni firma en la cuenta de la comunidad», según Olalla.
El siguiente capítulo de la historia, supuestamente, sucedió en febrero de 2020. Tal como explican los vecinos, se pidió que se convocara una nueva junta, pero llegó el confinamiento. «Ni nos contestó», explica Olalla.
A partir de ahí, la comunidad realizó dos solicitudes más y, el 15 de octubre de 2022, con el 25% de las cuotas de participación, se formó una nueva junta con Olalla como presidente. En el acta, se expuso que «la exvicepresidenta (dimitida) explica su hartazgo por la actitud del secretario administrador, que, en los últimos años, nunca ha presentado el estado de las cuentas, ni los balances, ni movimientos bancarios, a pesar de que se le han reclamado».
El inicio de las investigaciones
Con la nueva junta y ante las sospechas de sus integrantes, se dieron por iniciados los trámites para indagar en las cuentas comunitarias. «Vimos que, en los últimos cinco años, había dispuesto de cerca de 60.000 euros», indica el presidente, quien comenta que envió un correo al administrador en el cual le comunicaba su cese: «Le dijimos que se abstuviera de tocar nada más, pero aún cobró el recibo de algún vecino; extrajo unos mil euros de la cuenta la semana antes del 15 de octubre y, el 20, los servicios jurídicos le bloquearon el acceso». Además, también se le pidió que entregara la documentación que poseía.
Tras las primeras pesquisas, los vecinos decidieron solicitar al banco los movimientos desde 2013. Indican que el descubierto superaba los 100.000 euros: «Se entiende que una parte de ese dinero son sus honorarios, pero no presentó las facturas ni nos entregó la documentación; creemos que la retiene intencionadamente para evitar que nos enteremos de cuál es la situación real», apunta Olalla. Posteriormente, se hizo llegar al administrador un requerimiento notarial.
En él, se observan transferencias y traspasos que el administrador habría realizado con conceptos como «HON» y «ABC». Según el presidente, «el primer concepto puede deberse a los honorarios, pero deberían estar sustentados por unas facturas que no se han entregado y que deberían constar en Hacienda con la correspondiente retención hecha por la comunidad. «En la cuenta, constan algunas retenciones, pero, ni por asomo, las cantidades que él considera honorarios», añade.
Mencionado requerimiento también solicita que el administrador abone unos miles de euros por la, supuestamente, «no presentación de las liquidaciones del canon del agua por las costas de los expedientes en ejecutiva de la Agència Catalana de l’Aigua».
La comunidad dispone de un pozo del que se nutren los vecinos. Según afirma Olalla, el administrador, presuntamente, cobraba los recibos a los vecinos para enviar el dinero a la ACA: «Fue un dinero que nunca llegó a la Agència y, ahora, tenemos una deuda de unos 40.000 euros que, con los intereses, va a subir». Lo que sí que habría abonado el administrador son unos 9.600 euros por los perjuicios causados por esta problemática.
La junta también puso una denuncia en el Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona (COAFT), quien ha abierto un proceso de investigación: «Estamos esperando a que se resuelva el expediente que hemos iniciado, desde el Col·legi condenamos las malas praxis y haremos lo necesario para llegar hasta el final», explican.
El administrador se puso en contacto con el abogado «para entregar parte de la documentación y el libro de actas», cuenta la presidencia. Cuando se reclamó información a la entidad bancaria sobre los cambios de titularidad en la cuenta, se descubrió que, supuestamente, «esta persona había entregado un acta falsificada, donde marcó como asistentes, entre otros, a personas ya fallecidas», narra Olalla.
Dicho documento corresponde, según los vecinos, a un miércoles 18 de diciembre de 2019. «En esta acta, pone que se acuerda que el administrador sería la única persona autorizada para operar en la cuenta», puntualiza Olalla.
La justificación que habría esgrimido para estas presuntas irregularidades es el pago de facturas de su bolsillo, que luego se habría cobrado a través de la cuenta. El objetivo de la comunidad es llegar a un acuerdo, pero, si no, explican que iniciarán un proceso judicial.
