Dieciséis asesinadas y mucha tarea pendiente

Al menos 16 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año por sus parejas o exparejas. Es el peor inicio de año desde que se recopilan los datos.

Entre las medidas que se han adoptado al calor de las últimas muertes está la de ayer mismo del Gobierno, que anunciaba que hará un seguimiento semanal de la situación, o la del jueves pasado, cuando se explicaba que se entrevistará a 200 hombres que han asesinado a sus parejas para conocer sus motivaciones.

Los diagnósticos no han faltado. Destaca el de la presidenta de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española, Filomena Peláez, quien apunta que existen fallos en protección y en la valoración de riesgo que se hace de las víctimas.

Peláez, que compareció en la subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género en el Congreso, trasladó a los diputados los «numerosos fallos» que los abogados pueden ver en el día a día en los juzgados cuando tratan con las afectadas.

En este sentido, propuso una revisión de la asistencia letrada que se presta a la mujer antes de la interposición de la denuncia para que se ‘enfrente’ al investigado «en igualdad de derechos». «De este modo, la víctima estará protegida y asesorada por un abogado especializado», señaló.

También considera «importante» que el asesoramiento se produzca antes de la denuncia porque, según indicó, hay muchas mujeres que no conocen el proceso penal que se abre ni por lo que va a tener que pasar hasta que se produzca una sentencia. En este sentido, también llama a que la afectada pueda declarar sólo una vez, «como los menores», o que el derecho a no declarar no se convierta en una «encrucijada diabólica entre el falso testimonio y la desobediencia».

Todavía sale muy barato

La presidenta Asociación de Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, también ha aportado su tesis sobre este inicio de año negro. A su juicio, la falta de desarrollo de la Ley Integral contra la Violencia de Género, aprobada en 2004, y los problemas de interpretación de la misma por parte de jueces y fiscales no permiten avanzar.

Pérez del Campo asegura que la ley sólo se ha desplegado en un 40%. Y no solo eso, destaca la necesidad de mejorar en su interpretación por parte de jueces y fiscales, para los que pide formación, al igual que para otros profesionales que están implicados en el proceso de las víctimas, como médicos y enfermeros.

Pérez del Campo reconoce que quedan «muchas cosas por hacer» y muestra su preocupación por que España, «un país que ha acabado con el terrorismo de ETA, no pueda con el terrorismo de género». En este sentido, pidió al Gobierno que «vaya más allá» con los asesinos de mujeres que, a su juicio, ahora son conscientes de que «matar a una mujer sale muy barato».