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El Congreso de los Diputados instó ayer al Gobierno a que tome las medidas necesarias para que los funcionarios de la Administración General del Estado no salgan de sus puestos de trabajo más tarde de las 18:00 horas. Una opción que puede afectar a unos 100.000 funcionarios, según fuentes del CSIF. Era una de las medidas contempladas en una proposición no de ley presentada por el PSOE y que fue modificada y pactada a través de una enmienda transaccional con el Grupo Mixto, Podemos, Ciudadanos y Esquerra. Consiguió 195 votos a favor, 14 abstenciones y 130 en contra, estos últimos todos del Partido Popular, a pesar de que tanto Mariano Rajoy como Fátima Báñez han mostrado su apoyo a adelantar la hora de marcharse a casa. La portavoz popular durante el debate, Silvia Valmaña, argumentó la postura de su grupo amparándose en que muchas de las medidas acordadas están incluidas en el Plan Integral de Apoyo a la Familia o la ley de igualdad aprobadas por el Ejecutivo en la anterior legislatura hábil o por invadir competencias de las comunidades autónomas. "Para muchas medidas no nos dicen de qué partidas sacarán el dinero", añadió Valmaña.
La proposición no de ley planteada por los socialistas aborda tanto aspectos de los trabajadores públicos como de los privados. Hace especial hincapié en una reforma del trabajo parcial para que "recupere su vocación de elemento flexibilizador y ordenador del tiempo de trabajo, compatible con las responsabilidades familiares y laborales". En el ámbito laboral, además de reclamar más controles de la Inspección de Trabajo, la iniciativa pide promover acuerdos intersectoriales con la racionalización en los tiempos y las jornadas laborales, así como la posibilidad de acumular "créditos de horas" para responsabilidades personales. Los grupos quieren que las empresas apuesten por la jornada continua y la implantación de una etiqueta de 'Horario Racional'. Las empresas que tengan este sello tendrán una valoración positiva en cuanto "a ofertas de contratación pública".
Una flexibilización de los horarios para permitir la conciliación y adoptar una nueva regulación del teletrabajo son otras de las medidas que defendió la portavoz socialista, Isabel Rodríguez. Además, recordó la "precariedad" de muchos trabajos ocupados por mujeres, que cobran "un 20% menos que los hombres". "La regulación del contrato a tiempo parcial ha sido un fracaso con la incorporación de las mujeres. Las horas extraordinarias han sido la escapada de los empresarios para abusar de las trabajadoras", explicó la portavoz del PSOE. "Si no mejora esa situación, las mujeres van a tener que regresar a lo que muchos miembros del patriarcado consideran nuestro lugar natural, el hogar", añadió Sofía Fernández, portavoz de Podemos.
La portavoz morada destacó que la brecha salarial aumenta en la época en que las mujeres se deciden por la maternidad. Además, defendió que "sin permisos de paternidad y maternidad iguales, remunerados e intransferibles, las mujeres seguiremos siendo la parte más débil". "La conciliación tiene que ser cosa de hombres y de mujeres", apuntó Patricia Reyes, portavoz de Ciudadanos, quien recordó también la implantación de dos semanas más de paternidad desde el 1 de enero gracias al impulso de su formación. Reyes insistió en la necesidad de impulsar el ciclo educativo público, como recoge la enmienda pactada. Asimismo, hizo hincapié en el trabajo que hay que realizar con los jóvenes "para acabar con ciertos roles que todavía perduran".
Por otra parte, la propuesta reclama al Ejecutivo que desarrolle una prestación no contributiva por maternidad en el ámbito de la Seguridad Social a fin de evitar la desprotección que supone que un tercio de los nacimientos no genere prestaciones de maternidad. Además, debe reconocer a todas las mujeres un bonus de dos años de cotización por cada hijo (nacido o adoptado) a efectos del cálculo de las pensiones. Tras la votación, CSIF anunció que llevará el cierre a las seis de la tarde, las bolsas de horas y el teletrabajo a las diferentes mesas de negociación en las administraciones públicas. "La Administración General del Estado debe ser referente de las medidas de racionalización de horarios que plantea el Gobierno", señala el sindicato.
