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El Gobierno cree que la disposición de Pablo Casado a llegar a pactos tras el levantamiento del estado de alarma es ficticia; es más, cree que es un ejercicio de cinismo político con fines electorales en Euskadi y Galicia. Esa fue la respuesta de la Moncloa a la apertura del líder del PP para llegar a un acuerdo sobre el decreto que regula la nueva normalidad y que se votará mañana jueves en el Congreso. Un gesto al que el Gobierno dio la bienvenida pero que, a su entender, es insuficiente y no cambia nada.
Para María Jesús Montero ese cambio de registro del líder de la oposición es «maquillaje electoral» o «postureo político» para exhibir «una apariencia de moderación» ante las elecciones del 12 de junio en el País Vasco y Galicia. Pero no es, añadió, un cambio de estrategia para estar con el Gobierno y hacer causa común contra las secuelas sociales y económicas de la crisis sanitaria.
La mejor prueba, en su opinión, de la falsedad de las intenciones de Casado es que el PP ha puesto en marcha una operación entre los socios de la Unión Europea para dificultar que España se beneficie de los 750.000 millones de euros del fondo de reconstrucción, de los que 140.000 corresponderían a España. Eso, subrayó Montero, es «gravísimo, inadmisible y no tiene precedentes». Según la ministra, Casado y el PP «trabajan contra los intereses de España fuera de nuestras fronteras», han sembrado dudas sobre la competencia del Gobierno para gestionar esos fondos y pretenden que Bruselas condicione su entrega al cumplimiento de determinados requisitos.
Este comportamiento, a juicio de la Moncloa, invalida las palabras conciliadoras del líder de la oposición, que «el martes exhibe moderación y los miércoles (en el Congreso) se dedica al frentismo» contra Pedro Sánchez.
No obstante, podría germinar un entendimiento. Circunscrito, eso sí, al decreto de nueva normalidad, como ocurrió con el ingreso mínimo vital, que el PP respaldó en el Congreso después de amagar con la abstención.
Casado subordina su respaldo a que el Gobierno «se siente» para llegar a un acuerdo e incorporar «otras medidas» al texto durante su tramitación como proyecto de ley. La exministra Ana Pastor lleva la interlocución de los populares con el responsable de Sanidad, Salvador Illa. El PP aspira a que algunas de las propuestas que ha planteado en la Comisión de Reconstrucción del Congreso en materia sanitaria sean tenidas en cuenta. Esas que en mayo englobó bajo el título ‘Pacto Cajal’ y que apenas difieren de las conclusiones del Gobierno. Por lo tanto, un acuerdo de mínimos podría ser viable tras meses de confrontación y profundo distanciamiento que tuvieron su expresión mas rotunda en el voto en contra de Casado al estado de alarma.
El PP plantea crear una agencia nacional para coordinar el sistema sanitario; un refuerzo de la atención primaria; una bolsa de profesionales que puedan desplazarse; un plan de seguimiento para enfermos con secuelas, y otro para listas de espera; potenciar la telemedicina; una reserva estratégica de material; la atención a los mayores; ampliar el presupuesto en I+D+I; y una financiación que contemple potenciar los recursos humanos y establecer una central de compras. Nada inasumible para el PSOE.
El pacto sería bien recibido en las organizaciones territoriales del PP. En muchas de ellas, se confía en dejar atrás la fase de «crispación» y en proyectar la imagen de un partido «de Estado». Al mismo tiempo, algunos dirigentes aseguran no poder pronosticar si se trata de una estrategia que la dirección del partido sostendrá en el tiempo, y creen que efectivament las elecciones, sobre todo las gallegas, han condicionado el cambio de tono.
