El Gobierno se plantea suspender la autonomía si hay referéndum

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, advirtió ayer que la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que prevé la suspensión de la autonomía, «es una opción» y que el Gobierno tiene previstas «todas las alternativas» ante una hipotética convocatoria de referéndum independentista en Catalunya.

Català añadió que «si alguien está en un escenario de incumplimiento de las leyes la obligación del Gobierno es garantizar que se cumplan y para ello habrá que tomar las medidas que en un Estado de derecho están habilitadas y previstas».

«El artículo 155 está ahí, está en la Constitución y por lo tanto es una opción», ha mantenido, para insistir en que el Gobierno ha estudiado las distintas alternativas.

No obstante Catalá aclaró que en este tema lo que más le preocupa al Ejecutivo es «mantener un vínculo permanente con los ciudadanos y las relaciones con las instituciones» y en este sentido recordó que el Gobierno de España tiene «la mano tendida al de la Generalitat para hablar de todo de lo que podemos hablar».


Vigilarán las elecciones
Señaló que si se hiciera coincidir el referéndum con unas elecciones autonómicas «se tomarían las medidas para impedir que un proceso legal y democrático como son unas elecciones autonómicas estén contaminando o dando amparo a un proceso ilegal».

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, recalcó, por su parte, que el «principal plan» del Ejecutivo es que «impere la ley» en Catalunya.

Después de que el Gobierno no descartara el miércoles «medidas coercitivas» en Catalunya ante un referéndum unilateral, Sáenz de Santamaría insistió en que «el plan es siempre cumplir la ley y respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos», así como «trabajar por Cataluña».

El coordinador general del PP catalán, Xavier García Albiol, advirtió también que a su formación no le «temblará la mano a la hora de recomendar» al Gobierno de España que, si se llega a una situación «absolutamente límite», aplique a Cataluña el artículo 155 de la Constitución.

También espetó que las detenciones que se produjeron ayer por la presunta financiación irregular de CDC evidencian «por qué Convèrgencia, Carles Puigdemont, y sus socios de gobierno tienen tanta prisa en irse de España».

Para Albiol, «están huyendo de los juzgados porque saben que les van a hacer pagar las fechorías y los excesos que CDC ha cometido en los años que ha estado al frente del poder, como el famoso cobro de comisiones del tres por ciento».

La consellera de Presidencia de la Generalitat, Neus Munté, exigió explicaciones al Gobierno central sobre sus «planes para precintar colegios» electorales e «intervenir el sistema de educación» de Catalunya, para evitar que se celebre un referéndum sobre la independencia.

Munté alertó de la «escalada dialéctica y de acciones, que ya hace tiempo que empezó» por parte del Gobierno central y que es «bien peculiar y bien extraña en un Estado democrático».

«Me creo las amenazas, estoy convencida de que la Operación Catalunya es un hecho, es una realidad, la Operación Precinto es real, la única operación absolutamente ficticia es la Operación Diálogo, como se está demostrando», denunció.

Munté reclamó al Gobierno de Mariano Rajoy que dé «explicaciones con luz y taquígrafos sobre estos planes para precintar colegios e intervenir el sistema de enseñanza».

Munté no descarta que el Gobierno central recurra al uso de la fuerza para evitar que se llegue a celebrar el referéndum. «El precinto de colegios es uso de la fuerza. Es una obsesión enfermiza del Gobierno del PP en relación con el sistema de educación de Cataluña», ha denunciado Munté, que subrayó que «no se pueden poner precintos a la democracia».

El grupo parlamentario de Junts pel Sí (JxSí) pidió ayer mismo ante la mesa de la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament la «comparecencia inmediata» de Sáenz de Santamaría, porque prevé «impedir el referéndum por la fuerza».

La diputada de JxSí en el Parlament y exconsellera de Ensenyament, Irene Rigau, consideró ayer que detrás de la idea de precintar escuelas por parte del Gobierno central hay un tema de fondo relacionado con la «supresión de las competencias de Educación».

Los eurodiputados Josep Maria Terricabras, Jordi Solé (ERC) y Ramon Tremosa (PDeCAT) registraron ayer dos preguntas dirigidas a la Comisión Europea en las que critican la «operación precinto» del Gobierno central.

Preguntan si «esta práctica es compatible con el principio demócratico» y si la UE activaría el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea que prevé consecuencias para los Estados que incumplen la normativa europea.