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El 26 de marzo de 2015, el Congreso aprobaba el nuevo Código Penal en el que se incluía la prisión permanente revisable. En medio de un bronco debate, con el rechazo de toda la oposición, el PP hacía uso de su mayoría absoluta en el hemiciclo para dar luz verde a esta severa medida, reservada para los delitos más graves como el terrorismo, los asesinatos de menores o los que se dan con el añadido de violación.
Casi tres años después, y con la norma recurrida ante el Tribunal Constitucional, solo David Oubel, el padre que asesinó en Moraña, Pontevedra, con una radial a sus hijas de 4 y 9 años en agosto de 2015, cumple con esta pena.
Pero el caso Diana Quer y la intención de la oposición de derogar esta medida han vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre su idoneidad.
Solo los de Mariano Rajoy y UPN apoyan esta pena en la Cámara Baja. El resto de grupos políticos duda de que cumpla los principios constitucionales de reinserción social y laboral de los condenados, al negarle, de entrada y durante un mínimo de 25 años, el acceso a cualquier beneficio o reducción de pena.
Argumentario interno
El PP ha decidido poner todo su esfuerzo para defender el mantenimiento de la prisión permanente revisable, y movilizará a sus dirigentes en favor de esta figura penal. Para ello han distribuido entre los suyos un argumentario interno en el que denuncian que la oposición quiera derogar esta medida sin esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie, y resaltan que se trata de una pena extraordinaria «para supuestos de extrema gravedad» y no una «cadena perpetua» como argumenta el resto de formaciones.
El partido en el Gobierno sostiene en el texto remitido a sus dirigentes que la prisión permanente revisable cumple a la perfección con los principios que marca la Constitución, y que no se renuncia a la reinserción del preso sino que se condiciona su puesta en libertad a que cumpla los requisitos para integrarse de nuevo en la sociedad. A su entender, corresponde al reo demostrar de forma inequívoca que es «capaz de reincorporarse pacíficamente a la sociedad, y el articulado de esta figura penal se lo permite».
Sobre este mismo punto se manifestó a favor la semana pasada el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que defendió esta pena como «un instrumento útil» que ayuda a constatar si alguien que ha cometido delitos «gravísimos» se ha rehabilitado.
Los populares están decididos a plantear batalla en el Congreso en defensa de la pena penitenciaria y reclamarán que el resto de grupos frenen la derogación de esta medida. También barajan, según fuentes del partido, impulsar una iniciativa legislativa para que la máxima pena privativa se aplique en todos los casos de asesinato en los que no aparezca el cuerpo de la víctima.
El partido conservador ha decidido presentar además mociones en los ayuntamientos de España en apoyo a esta pena que podría aplicarse al asesino confeso de la joven madrileña, José Enrique Abuín, ‘El Chicle’.
En un intento de evitar que quede anulada la pena de prisión permanente revisable, que constituye la máxima pena privativa de libertad en el Código Penal, los padres de Mari Luz Cortés, Marta de Castillo, Diana Quer y otras víctimas de casos de enorme repercusión, como Ruth Ortiz –exmujer de José Bretón–, han unido fuerzas. Y lo han hecho impulsando una petición que Rocío Viéitez, la expareja del único condenado a esta pena, inició en Change.org en julio para mantener vigente esta iniciativa legislativa y que superó ayer domingo las 366.000 firmas.
