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El PSOE teme que el anuncio de Quim Torra de convocar elecciones en Catalunya una vez se hayan aprobado los primeros Presupuestos de la comunidad desde 2017 ponga en peligro la aprobación de las cuentas públicas nacionales, el principal proyecto legislativo del Gobierno y la clave para proporcionar a Pedro Sánchez una mínima estabilidad política.
La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, insistió ayer en que lo que ocurra en la Generalitat no tiene por qué incidir en esa negociación, pero sus palabras se aproximaron más a la expresión de un deseo que a la descripción de una realidad. «Yo espero que los partidos presentes en el Congreso sean conscientes de que lo que nos piden los ciudadanos es trabajar por el interés general, que quieren mejores pensiones y una sanidad pública de calidad», dijo. En la dirección socialista, sin embargo, admiten que un clima de campaña en el que ERC se tendrá que enfrentar a las acusaciones de ‘traición’ del resto de actores independentistas complica el escenario. Si ya era obvio que la formación de Oriol Junqueras supeditaría su posición respecto a los Presupuestos a los avances que se puedan producir en la mesa de diálogo pactada a raíz de la investidura, y todavía pendiente de constitución, ahora dan por hecho que la presión a la que se verán sometidos será aún mayor.
Así las cosas, en Ferraz cruzan los dedos por que Torra (en realidad, Carles Puigdemont, que es a quien atribuyen la decisión) no mantenga la incertidumbre sobre la fecha de los comicios demasiado tiempo y se incline por convocar en un plazo de tiempo «más o menos inmediato».
Si optara por junio, julio o incluso por esperar a que pase el verano, será más difícil que las cuentas estén listas a tiempo. Sánchez se comprometió en un primer momento a sacarlas adelante en el primer trimestre del año, pero en su primera entrevista tras la investidura, hace una semana en TVE, ya amplió la ventana hasta el verano.
El análisis que desde Madrid se hace los tiempos coincide también con la posición de los socialistas catalanes, que ayer invitaron al president de la Generalitat a «no alargar la agonía».
«Desautorizado»
El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, argumentó que es evidente que Quim Torra es un president «desautorizado» al frente de un Govern «atascado», y que lo que toca es «convocar elecciones ya para tener Ejecutivo y tener Presupuestos (en Catalunya)». «Una cosa sin la otra –escribió en su cuenta de Twitter– no tiene ningún sentido».
La paradoja es que, «desautorizado» o no, Sánchez mantiene su intención de reunirse con el president el jueves de la próxima semana. La ministra portavoz María Jesús Montero defendió de nuevo que «no hay ninguna resolución judicial, ni ningún tipo de normativa jurídica que haga o que diga que Torra ha dejado de ser president».
Querella del PP
El líder del PP, Pablo Casado, avisó de que cualquier decisión que adopte Quim Torra «no tendrá valor jurídico» porque «ya no es president de Generalitat». Insistió en que el PP va a presentar una querella contra Torra por «usurpación de funciones», y volvió a exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lo cese porque está «en abierta desobediencia» ante la resolución de su inhabilitación por el Tribunal Supremo.
Casado considera que Sánchez no solo no debe reunirse con Torra el día 6, sino que tiene «todos los mecanismos administrativos y si no constitucionales» para que reclamarle que cumpla sus obligaciones «de inmediato» y debe enviarle un requerimiento en este sentido. Si Sánchez no envía este requerimiento, será el PP quien actúe contra el presidente del Gobierno por «incumplir sus obligaciones» a cambio de mantenerse en La Moncloa.
La portavoz de la comisión gestora de Cs, Melisa Rodríguez, pidió también a Sánchez que «deje de ver a Torra como interlocutor legítimo, porque ya no tiene acta de diputado y ya no es, por tanto, president de la Generalitat».
