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«En 42 años no había podido conocer qué es la sensualidad, sufría por la falta de intimidad, de contacto sexual, de ternura». Para la actriz Patricia Assouline, descubrir hace seis años la existencia del acompañamiento sexual le cambió la vida. La discapacidad motora con la que nació le impide mover piernas y brazos, pero no por ello quiso resignarse a una existencia de abstinencia no elegida. «Me ha salvado la vida. Necesitaba sentirme mujer, sentirme deseada y tocada, tener afecto y también, por qué no, sexo». Patricia no es la única en recurrir a este tipo de servicios -considerados terapia por sus defensores y proxenetismo por sus detractores-, y que el gobierno francés estudia ahora legalizar.
El debate no es nuevo pero, por primera vez, un miembro del gobierno ha abierto esa posibilidad. Lo hacía esta semana la secretaria de Estado de Discapacidad, Sophie Cluzel, quien aseguraba mostrarse «muy favorable a que podamos acompañar la vida íntima, afectiva y sexual de las personas discapacitadas». El propio Emmanuel Macron reconocía que el «derecho sexual» otorga «dignidad» a estas personas. Un informe del Comité Consultivo de Ética ya se pronunció en 2012 en contra de la legalización del trabajo de asistente sexual por considerar que «mercantiliza» el cuerpo humano, ya que se trata de un servicio tarifado. Pero Cluzel asegura que la sociedad ha «madurado» desde entonces y que Francia puede aprender de las experiencias de otros países donde esta profesión es legal, como Suiza, Alemania o Bélgica.
Hipocresía
«La situación es de una gran hipocresía, porque ahora mismo las personas que recurren a la asistencia sexual son considerados proxenetas, aunque nunca nadie ha sido denunciado ni la policía va a venir a arrestar a una persona en silla de ruedas por haber buscado unas caricias», explica por teléfono desde su casa del sur de Francia Marcel Nuss, fundador de la Asociación por la Promoción y el Acompañamiento Sexual (APPAS). Actualmente, la ley francesa, que desde 2016 condena a los clientes de la prostitución, reduce a la categoría de proxenetas a los discapacitados que hacen uso de este servicio. «Necesitamos un nuevo marco legal, una excepción a la ley que permita a los discapacitados ejercer el derecho a la sexualidad», defiende Nuss.
Casado en dos ocasiones y padre de dos hijos, Nuss cuenta «con una vida afectiva, sexual y amorosa desde hace 45 años», relata, a pesar de haber nacido con una grave atrofia muscular espinal que lo mantiene recostado en una aparatosa silla de ruedas. Pero Nuss conoce bien «esa frustración sexual, y la confianza que te otorga el sentirse deseado», explica. En 2015 decidió crear la asociación, que hoy preside su segunda esposa.
Desde entonces, la APPAS ha recibido más de 2.500 demandas de personas como Patricia y, a través de sus cursos, ha formado a más de 80 acompañantes sexuales, personas que proceden de los más diversos medios, «pero que tienen una sensibilidad especial, una sexualidad liberal y plena y que son sensibles hacia las personas con discapacidad».
Fabrice Flageul es uno de ellos. Terapeuta de profesión, ejerce como asistente sexual desde hace cinco años. Cobra a sus pacientes -«hay personas que se sienten pacientes y otros clientes, no hay término oficial», dice- 150 euros por una sesión de dos horas. «Trabajar con discapacitados me ha permitido descubrir un universo en el que hay un sufrimiento terrible, pero he podido ver también hasta qué punto este servicio puede cambiarles», «A veces -indica-, una sola sesión puede lograr que se reconecten con ellos mismos.
