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Juana Rivas ha ignorado por tercera vez en menos de un mes un citación de un juez para que comparezca ante los tribunales que llevan su caso y para que entregue a sus dos hijos, de 3 y 11 años, a su excompañero, Francesco Arcuri, de cuyo domicilio familiar, en la isla italiana de Carloforte, se los llevó hace más de un año.
La vecina de Maracena huyó con los menores hace ahora 26 días para eludir, el 26 de julio, el ultimátum que le dio el juzgado de familia número 3 de Granada para que ese mismo día devolviese los niños a su padre. Trece días después, el 8 de agosto, también dio plantón al titular del juzgado de instrucción número 2, que la citó para interrogarla por los delitos de sustracción de menores y desobediencia a las resoluciones judiciales, lo que desembocó en la emisión de una orden de detención contra ella, para su puesta a disposición del juzgado y para garantizar la devolución de los menores al padre. Ayer volvió a ignorar la citación del juzgado número 3, que, a petición del padre, celebró una vista para acordar medidas excepcionales y urgentes para garantiza la protección de los niños.
La titular del juzgado, tras estudiar las demandas de Arcuri, podría emitir una resolución en la que no es decartable que reclame el auxilio de la Policía y la Guardia Civil para que localicen y recuperen a los niños.
El progenitor, que en 2009 fue condenado por maltrato conyugal, y al que Rivas ha denunciado por agresiones y vejaciones posteriores, también ha pedido a la magistrada que prohíba de manera cautelar la salida de los menores del territorio de la UE, que se bloqueen sus pasaportes y que se averigue si Rivas tiene permiso de armas.
El incumplimiento de las sentencias podría acarrearle a Juana Rivas cuatro años de cárcelTras casi un mes en paradero desconocido, Juana Rivas cada día está más sola en su decisión de prolongar su desobediencia a las resoluciones de los tribunales. En los primeros días recabó un gran volumen de apoyo popular, y también de las instituciones, ante lo que parecía una estrategia para evitar entregar a los niños a un padre al que acusa de maltratador mientras apuraba los últimos recursos judiciales para paralizar la sentencia que le facultaba a llevárselos de vuelta a Italia.
Sin embargo, esta opción se esfumó el 16 de agosto, cuando el Tribunal Constitucional fulminó el último instrumento legal a su alcance, al rechazar estudiar por un defecto de forma su recurso de amparo. Desde entonces solo hay una sentencia civil inamovible que obliga al reintegro de los menores a Italia, donde un juez local decidirá sobre la custodia, y un proceso que le podría acarrear penas de hasta cuatro años de cárcel y diez de pérdida de la patria potestad.
El presidente Mariano Rajoy ya no ha vuelto a repetir que le era fácil ponerse en el lugar de esta madre, y el Gobierno predica su plena confianza en los tribunales. El PSOE, a través de su portavoz en el Congreso, Margarita Robles, ya dejó claro hace días que «debe comparecer ante la justicia».
Quien ayer dio a entender que ya ha llegado el momento de dejar la huida fue uno de sus mayores apoyos institucionales, la Junta de Andalucía. La consejera de Justicia, Rosa Aguilar, dijo que respetará la decisión que tome, pero que «no puede estar escondida para siempre».
Su abogada de oficio, María Castillo, también dejó claro que Rivas sigue en paradero desconocido no por su consejo, pues la ha informado de los «muchos riesgos» que asume, sino por una decisión suya «unilateral». Castillo indicó que Rivas le pidió que explicase que lo hace todo por sus hijos y que cree que es lo único que puede hacer para protegerles ante la «desprotección» que achaca a los tribunales.
