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Noticias Tribunales

Junqueras y Romeva también podrán salir de prisión para ir a trabajar

Los fiscales atribuyen la medida a la negativa del Supremo a imponer el periodo de seguridad

AGENCIAS

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Raül Romeva y Oriol Junqueras, flanqueados por Quim Torra y 
Roger Torrent, el día que comparecieron en el Parlament. FOTO: EFE

Raül Romeva y Oriol Junqueras, flanqueados por Quim Torra y 
Roger Torrent, el día que comparecieron en el Parlament. FOTO: EFE

Oriol Junqueras y Raül Romeva, condenados a trece y doce años de prisión por un delito de sedición, ya tienen la autorización de la prisión de Lledoners, en Barcelona, para salir del penal tres días a la semana para ir a trabajar.

Según informó ayer la Conselleria de Justícia, Junqueras y Romeva podrán disfrutar de un régimen de semilibertad, en aplicación del artículo 100.2 de la legislación penitenciaria, y abandonar la cárcel seis horas al día durante tres jornadas semanales, con la obligación de regresar a la prisión a dormir.

El pasado octubre, el Tribunal Supremo condenó a nueve de los dirigentes del Procés a penas de prisión de nueve a trece años. Siete de ellos (todos menos Jordi Turull y Josep Rull, que recibirán la autorización en breve) han obtenido ya el permiso para acogerse al 100.2, una medida que autoriza cada cárcel y es de aplicación inmediata, aunque el fiscal puede oponerse y dejar en manos del juez la decisión definitiva. Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Quim Forn, Carme Forcadell y Dolors Bassa salen de lunes a viernes para trabajar o realizar labores de voluntario.

La Fiscalía, no obstante, se opone a la salida de los presos en virtud del 100.2. El Ministerio Público ya ha expresado su opinión contraria en los casos de Forn, Cuixart y Sànchez. Días atrás, criticó en uno de sus escritos ante el juzgado de vigilancia penitenciaria a la Generalitat, titular de las cárceles en las que están presos los reos del Procés, pues considera que el 100.2 se está aplicando como un tercer grado encubierto y amenaza con acudir al Tribunal Supremo.

Las salidas de prisión de la práctica totalidad de los políticos independentistas condenados es vista en ámbitos fiscales como una clara consecuencia de la negativa, por parte del tribunal que juzgó el 1-O de aplicar el ‘periodo de seguridad’ instado por el Ministerio Público durante el juicio.

Así lo señalan varias fuentes fiscales consultadas por Europa Press que lamentan que la Sala que juzgó el caso rechazara aplicar a los condenados el artículo 36.2 del Código Penal, lo que les hubiera obligado a cumplir la mitad de la pena impuesta para poder acceder al tercer grado u a otro tipo de beneficios.

Las mismas fuentes consultadas señalan que confían en que la política fiscal no varíe pese al cambio en la cúpula del Ministerio Público una vez la exministra de Justicia, Dolores Delgado ha tomado posesión de su cargo como fiscal general.

Así, apuntan que además puede darse el caso de que Delgado deba abstenerse de tomar decisiones sobre este asunto, ya que se la podría considerar ‘contaminada’ por su paso por el Ministerio, del que depende la Abogacía del Estado que estuvo personada.

Apoyo de los presos

Un total de 70 de los 85 presos del módulo de la cárcel barcelonesa de Lledoners en que cumple condena de 13 años por sedición el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras han pedido por carta al Tribunal Supremo que permita al líder de ERC ejercer como eurodiputado.

Así lo solicitan los internos, entre ellos los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn y Jordi Turull, así como el exlíder de la ANC Jordi Sànchez y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en una carta manuscrita remitida al Tribunal Supremo, de la que han enviado una copia a la sede central de la Agencia Efe en Madrid.

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