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Cuando estallaron los escándalos de los 'papeles de Panamá', la 'lista Falciani' o el caso 'luxleaks' donde miles de personalidades y empresas crearon sociedades 'offshore' para ocultar su patrimonio a Hacienda, los países epicentro de estos escándalos no estaban calificados como paraísos fiscales por España.
Según Oxfam Intermón, las empresas del Ibex tienen 810 filiales radicadas en territorios de baja tributación, lo que no significa que sea ilegal. De hecho, la mayor parte se encuentran en países que no están considerados por España como paraísos fiscales. Y es que el sistema para salir de estas listas negras se ha demostrado ineficaz.
El criterio seguido hasta ahora por la OCDE era que para no ser catalogado como paraíso fiscal era necesario tener firmados acuerdos de intercambio de información. Ese fue el modelo seguido por España y la razón por la que la lista elaborada por Hacienda en 1991 con 48 países haya menguado a 32 territorios en la actualidad.
Sin embargo, el problema que se ha encontrado la Agencia Tributaria al reclamar información sobre una persona es que no puede hacerlo de forma genérica, sino que debe ser una petición concreta al banco en el que sabe previamente que tiene una cuenta. Además, Hacienda tiene que demostrar que se investiga a ese contribuyente por un delito fiscal que a veces no contempla la legislación del país de destino, lo que complica el proceso.
Es ahí donde ahora las organizaciones internacionales como la OCDE y numerosos gobiernos se preparan para mover ficha y avanzar con un paquete de medidas basadas en el intercambio automático de información para fomentar la transparencia. De hecho, la UE prepara un nuevo listado para finales de este año que exigirá como novedad una cooperación activa a los estados para no ser incluidos.
Tres criterios
Un mecanismo clave que pondrá en marcha este año la OCDE y que prepara un 'rating' de países según su transparencia y grado de cooperación fiscal, clasificará a los territorios en función de si son cumplidores o no cumplidores, si tienen un acuerdo de intercambio automático y si han adoptado el convenio multilateral impulsado por este organismo. Los países que sólo cumplan dos de estos criterios serán considerados no cooperantes y formarán parte de la lista.
